Juezas escuchan conclusiones de la defensa en caso Yuniol Ramírez y OMSA

Ya en etapa final entró este lunes el juicio de fondo que involucra a los imputados por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez y los supuestos actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), durante la gestión de Manuel Rivas.

Hoy las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, escuchan las conclusiones finales de la defensa de Argenis Contreras, acusado por el Ministerio Público de ser el autor material del secuestro y asesinato del catedrático Yuniol Ramírez.

Ramírez, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue encontrado muerto con un block de concreto atado a su cuello con una cadena en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste. Luego del hecho, narró el Ministerio Público, Argenis Contreras huyó a Estados Unidos, donde fue capturado y tres años después entregado al país.

Para Contreras, el Ministerio Público solicitó la semana pasada la pena máxima de 30 años de prisión, mientras pidió 20 años para los imputados Manuel Rivas, Faustino Rosario, Víctor Ravelo Campos y José Antonio Mercado Blanco y cinco años para Jorge Luis Abreu, Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.

El abogado Bunel Ramírez, representante de Antonio Mercado Blanco (El Grande), contó que hoy también está pendiente que el Ministerio Público le responda a su acción de inconstitucionalidad en contra de todo el proceso de su defendido, como planteó en la audiencia anterior. 

Explicó que esto se fundamenta en que a cinco años del proceso la Fiscalía "no ha presentado ni existe en el expediente" una orden judicial de arresto en contra de su defendido ni existe una acta de flagrante delito.  "No hay una forma lógica, legal y constitucional que justifique su encartamiento en este proceso", argumentó Bunel Ramírez. 

"Y la Constitución y la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional dicen que esas violaciones fundamentales del debido proceso y a derechos fundamentales pueden ser invocadas en todo estado del proceso", dijo. Bunel Ramírez señaló que no conoce que haya precedentes al respecto, pero estos los hacen los jueces en cada momento, "y este es un momento". 

El Ministerio Público vincula el asesinato, ocurrido en octubre de 2017, con los supuestos actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Rivas desde agosto de 2012.

Las juezas otorgarán la palabra al Ministerio Público para hacer su réplica una vez escuchadas las conclusiones de las defensas. Terminada esta parte, el Segundo Tribunal Colegiado cerrará el debate y se retirará a deliberar. 

En la audiencia del pasado sábado la procuradora de corte Mirna Ortiz dijo estar confiada en que se impondrán las penas que solicitó el Ministro Público en sus conclusiones. Además, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca) minimizó las conclusiones presentadas por los abogados de la defensa. 

“Nada novedoso en las conclusiones presentadas por los abogados, más de lo mismo que se estuvo debatiendo en el proceso y no se debilitan de manera alguna la acusación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por lo que estamos más que seguros de la obtención de las condenas solicitadas”, señaló.