Con 12 de 31 obras, gestión Jean Alain excedió Presupuesto del Plan Humanización

El presupuesto establecido para la inversión en 31 proyectos contemplados por el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Dominicano aumentó en un 5.13 % solo con la entrega de 12 de estas obras, pasando de 8,097,616,276 pesos a 8,535,985,106 pesos.

La afirmación la hace la Cámara de Cuentas en su informe sobre la investigación practicada a este plan, presentado en octubre de 2018 por el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a solicitud de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

De acuerdo con el documento, dado a conocer en su versión ampliada este miércoles, el incremento se debió a diversas irregularidades, entre las que se señalan “diversos cambios en el diseño original, aumento de volumetría, partidas nuevas, imprevistos, ausencia de estudios básicos y obras adicionales”.

Irregularidades que aumentaron inversión

Al entrar en detalles, la Cámara de Cuentas indica que se verificó la no correspondencia de diseños arquitectónicos con el tipo de terreno donde se edificarían, así como la “falta de especificaciones de detalles arquitectónicos, estructurales, sanitarios, eléctricos, herrería, especificaciones de materiales diversos”.

También indican que se modificó de manera continua el uso destinado a varias edificaciones; y se hicieron cambios en el diseño de estructuras, como zapatas, plateas, vigas y columnas.

En cuanto al presupuesto, el organismo regulador apunta que no se tomaron en cuenta partidas básicas, tales como relleno, impermeabilización, jardinería, instalaciones eléctricas, refrigeración, herrería, puertas polimetal, base para tanque de gas, cisterna, entre otras, por lo que fue necesario realizar adendas.

Además, que “las volumetrías y precios de partidas plasmados en el presupuesto original de la obra no corresponden con lo ejecutado en campo, razón por lo cual fue necesario realizar adendas para aumento de cantidades o variación de precio”.

La investigación también sostiene que “se pagaron partidas del presupuesto con el 100 % de ejecución sin estar realizadas para posteriormente eliminar o disminuir dichos porcentajes en una próxima cubicación. Es decir, se ‘capitalizaba por adelantado’ al contratista general de la obra sin haber realizado el trabajo”. Esta situación, se indica, se registró en varios lotes de la construcción de La Nueva Victoria.

Atribuyen a planos sin especificaciones técnicas ser uno de los principales motivos de las órdenes de cambio de especificaciones de partidas.

A esto se suma la falta de estudios básicos sobre suelo, sanitarios, vulnerabilidad e hidrología, lo que a juicio de la experticia realizada por los técnicos de la Cámara de Cuentas provocó el aumento de volumen en el movimiento de tierra y deslizamientos.

Según lo examinado, no tomar en cuenta las precipitaciones y el tipo de suelo ha causado en La Nueva Victoria “inundaciones y estancamiento de agua lo cual representa un peligro hacia los privados de libertad y dificultaría el traslado de estos”.

Réplica y contrarréplica

En respuesta a estos señalamientos, la defensa del exprocurador general de la República, quien cumplió ayer un año en prisión preventiva, dijo que los presupuestos son estimados y que, por lo tanto, “no es posible que exista obra alguna que luego de concluida su costo sea exactamente el valor PRESUPUESTADO aún con la mejor planificación posible”.

Indican que en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios Obras y Concesiones y su reglamento se establece que la facultad para aumentar o disminuir en un 25 % el monto contratado original en obra.

“De acuerdo con esto, no existe violación a la ley ni falta de planificación general cuando el aumento de las obras solo fue de un 5.13%”, indicaron los abogados.

A esta réplica, la Cámara de Cuentas señala que “el presupuesto general contratado para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, abarcando 31 obras en total, de los cuales, a la fecha de la evaluación, solo se han entregado un total de 12 obras, que corresponden al 38.71 % del proyecto en cuestión y dicho presupuesto está superado en un 5.13 %, faltando aún un total de 19 obras por concluir que corresponden al 61.29 % del total del proyecto”.

En cuanto a las irregularidades señaladas, a las que se atribuyen este aumento presupuestario, los defensores de Jean Alain Rodríguez aseguran que sí fueron realizados los estudios básicos 

“La misma auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana afirma que existen procedimientos de compras vinculados al Plan de Humanización que no fueron publicados y presentan un resumen a detalle. En este detalle se confirma la existencia estudios de suelo, estudios de topografía, impacto ambiental, entre otros, sin embargo, que según la auditoría no fueron publicados, pero sí certifica su existencia”.

Contrato a funcionaria

En otro aspecto del análisis hecho por la Cámara de Cuentas se señala como irregular la contratación, a través de una compañía, de la directora administrativa y financiera del Ministerio de Presidencia, Alodia Patricia Ángeles Rodríguez, durante la gestión de Jean Alain Rodríguez frente a la Procuraduría General de la República. 

“En revisión de la composición accionaria de la sociedad Espacio y Arquitectura, SRL. RNC 101-50257-6, adjudicataria del lote 12, mediante acta 139 de fecha 17 de diciembre de 2018, por un monto de 103,525,976 pesos, se verificó que la socia Alodia Patricia Ángeles Rodríguez de Peña se desempeñaba como directora administrativa y financiera del Ministerio de la Presidencia al momento de la contratación”, dice la auditoría presentada por el organismo.

Ángeles Rodríguez ocupa el cargo de Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de la Presidencia desde el 1 de agosto del 2017. De acuerdo a la nómina del Ministerio de la Presidencia del mes de mayo del 2022, se mantiene en el puesto con Lisandro Macarrulla como ministro de la Presidencia, percibiendo un sueldo de 200 mil pesos mensuales.

“La adjudicación de empresa propiedad de un funcionario del Ministerio de la Presidencia, además de representar una violación a las normas de la contratación pública, implica una vulneración a los principios de transparencia, igualdad y libre competencia, participación, responsabilidad, moralidad y buena fe”.