La violencia creciente, principal desafío de la prensa libre en América

Un incremento en el último semestre en agresiones, encarcelamiento y exilio forzado contra periodistas, así como ataques contra medios de comunicación, acoso judicial, estigmatización y un saldo de 15 asesinatos de periodistas, son las conclusiones del cierre de la reunión de medio año en formato virtual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

También la reunión trató con urgencia la necesidad de asegurar la sostenibilidad de los medios en la pospandemia. De acuerdo con un comunicado, la SIP también destacó en ese período la toma de dos diarios en Venezuela y Nicaragua y restricciones al acceso a la información.

A continuación, las conclusiones de la reunión de medio año realizada del 19 al 21 de abril:

La reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada de modo virtual del 19 al 21 de abril de 2022, concluyó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en las Américas.

En los últimos seis meses fueron asesinados 15 periodistas (10 en México, tres en Haití, uno en Guatemala y otro en Honduras). Trece de ese total, en los tres primeros meses de 2022.

La impunidad de esos delitos sigue siendo preocupante. Este año prescribirán nueve casos de asesinatos contra periodistas ocurridos en 2002 en Colombia.

En Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son con inusitada frecuencia víctimas de la persecución y represión de gobiernos totalitarios.

Las agresiones incluyen el encarcelamiento de ocho comunicadores: seis de Nicaragua –tres reporteros y tres directivos de La Prensa– y dos de Cuba. Otros 77 periodistas fueron forzados al exilio: 75 de Nicaragua y dos de Cuba.

La SIP aprobó una resolución sobre Nicaragua, en la que 27 organizaciones de prensa nacionales e internacionales asumen un plan de acción para restaurar las libertades de prensa y expresión como garantías esenciales para restablecer la democracia en esa nación centroamericana.

La prensa independiente sufre allí persecución sistemática, opresión y censura generalizada, atrocidades derivadas del secuestro de los poderes públicos y de la demolición de las estructuras de la sociedad civil.

"El gobierno encarceló a opositores, persiguió a disidentes, cerró organizaciones de la sociedad civil, expulsó a periodistas y confiscó universidades y medios de comunicación", sostiene la resolución al exponer algunas de las atrocidades perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El plan de acción incluye, entre otros puntos, "solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana".

Se reclamará a las embajadas de Nicaragua en cada país que se libere a los presos políticos, incluyendo a los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano, así como a los miembros del directorio de La Prensa Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro.

A las confiscaciones de Confidencial y 100% Noticias, ocurridas antes de este semestre, se sumaron la de La Prensa, también en Nicaragua, y la de El Nacional, en Venezuela.

También generaron preocupación los atentados incendiarios contra cuatro medios, dos en Argentina y dos en Colombia. Periodistas de Cuba, El Salvador y Venezuela fueron objeto de vigilancia digital. El gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, usó el software Pegasus para vigilar a periodistas y medios de comunicación. El régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, bloqueó portales de internet y censuró el acceso a la red en forma general, valiéndose de compañías de telecomunicaciones internacionales.

La Reforma al Código Penal en Cuba agrava las penas por desacato a la autoridad, crea delitos para penalizar a usuarios de redes sociales y castiga con cárcel y multa la "clandestinidad de publicaciones". Proyectos restrictivos surgieron en Aruba, con la ley de medios, y en El Salvador, con el estatuto contra pandillas que criminaliza a medios y periodistas.

Otro foco de atención es la multiplicación de estigmatizaciones presidenciales, practicada también por otras autoridades y dirigentes en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió a empresas privadas que boicoteen a los medios absteniéndose de contratar publicidad. En Perú, la Fiscalía entabló investigaciones contra periodistas por reportajes en torno del caso Lava Jato y otras coberturas sobre corrupción pública. El mandatario peruano y sus ministros amenazan reiteradamente a los medios críticos con que no recibirán publicidad oficial. Amenazas por contenidos críticos se produjeron también en Guatemala, El Salvador y México.

Proliferaron las restricciones de acceso y de cobertura informativa en Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Grave acoso judicial se manifestó en Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. En Estados Unidos, se incrementan las demandas contra medios por difamación y las citaciones judiciales a periodistas. Debido a ello, varios estados de ese país sancionan leyes para desestimar demandas costosas y sin mérito.

En el último semestre hubo otros aspectos positivos. En Honduras fue derogada la Ley de Secretos; en Paraguay avanza un proyecto de ley sobre protección para los periodistas, y en Puerto Rico se sometieron proyectos de ley para proteger fuentes confidenciales. En Brasil se logró sentencia por el asesinato en Paraguay de Pablo Medina, de ABC Color, y en Ecuador se valoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de El Universo, sus directores y un columnista respecto de una demanda iniciada por el entonces presidente Rafael Correa.

El gobierno de Canadá propicia una ley para obligar a las grandes plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos, y creó un fondo especial para apoyar al periodismo local y favorecer su transformación digital.

En esa línea, en la reunión de la SIP nuevamente se debatió la urgencia de asegurar la sostenibilidad de la prensa. Ello incluye el recibir, sin mayor dilación, justa compensación de parte de las grandes plataformas digitales por el uso lucrativo que estas realizan de los contenidos que generan los medios de prensa.

La crisis económica de los medios se profundizó porque las plataformas digitales absorben un altísimo porcentaje de la publicidad digital. Con su tecnología, datos sobre audiencias, recursos económicos y, sobre todo, con los contenidos periodísticos, esas empresas supranacionales han creado un modelo de ingresos muy exitoso, en detrimento de la industria periodística, dijo el presidente de la SIP, Jorge Canahuati. "No pedimos regalos ni subsidios (...). Reclamamos nuestros derechos de autor. (...) Nosotros no podemos evadir nuestras responsabilidades y las plataformas tampoco deberían evadirlas", agregó.