Proyecto del Código Penal quedaría sobre la mesa para próxima legislatura

De ser aprobada la propuesta que hará este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de dejar sobre la mesa el proyecto del Código Penal, deberá ser sometido en la próxima legislatura ordinaria que comenzará el 27 de febrero de este 2022.

El anteproyecto se encuentra en una nebulosa debido a que los legisladores hasta el momento votan conforme a su íntima convicción dejando a un lado el consenso o línea partidaria.

La pieza se conocería este martes en un escenario con posiciones dividas, incluso entre miembros de los mismos partidos, lo que ha imposibilitado su aprobación.

Según el presidente de la cámara de baja es apropiado dejarlo sobre la mesa, en virtud de las discusiones que han surgido en los últimos días con relación al tema.

“El Código Penal de la República Dominicana tiene más de 20 años en el Congreso Nacional y esperar 2, 3 ó 4 meses más no creo que sea un problema. Entiendo que es la mejor solución en este momento, aunque considero que hemos estado haciendo lo correcto, no hemos violado ningún procedimiento, pero debemos ser prudente cuando se trata de una pieza como esta, que es tan fundamental pare el sistema penal”, enfatizó.

Pacheco se definió como un luchador incansable de la aprobación de un nuevo Código Penal por entender que la República Dominicana debe seguir a la vanguardia y no se merece una legislación que data de los años 1800.

La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar este martes a las 10:00 de la mañana y figura en punto de la agenda el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana. En una sesión anterior se dio lectura a 419 artículos y el informe de la Comisión Especial que estudió la pieza legislativa.

Posiciones

Ante el confuso escenario generado por los procedimientos legislativos y otras acciones, hay quienes sugieren profundizar más a fondo el proceso de estudio del “nuevo “proyecto de ley del Código Penal” para evitar que se generen reparos en torno a su aprobación que podría ser considerada inconstitucional.

Así lo entienden el jurista Nasserf Perdomo, el diputado José Horacio Rodríguez, el Foro Feminista “Magaly Pineda” y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus). Este último advirtió el pasado viernes que constituiría una violación grave a los procesos parlamentarios y a la Constitución aprobar la “nueva” iniciativa y sugirió al Poder Ejecutivo observarla, en caso de que sea aprobada.

“El proyecto es 'nuevo' para unas cosas, pero 'el mismo' para otras. Esto es un intento claro de eludir el artículo 107 constitucional con un proyecto que, en un momento es nuevo, pero al siguiente es lo mismo que el anterior. Todo para eludir la prohibición constitucional. Lo correcto es esperar a la siguiente legislatura”, expresó el abogado constitucionalista Nasserf Perdomo.

El jurista afirmó que en la sesión del pasado 16 de diciembre el pleno rechazó las modificaciones sometidas al proyecto de ley y el informe de la comisión bicameral por lo que “en esa tesitura, todos los actores dieron por rechazado el proyecto de ley”.

Sobre el tema el diputado de Alianza País, José Horacio Rodríguez, twitteó que “al momento de iniciar los debates para la nueva versión del Código (Penal), se decidió dejar sobre la mesa hasta el martes. Hay reparos en cuanto a la constitucionalidad de los procesos. Es recomendable agotar un tiempo de análisis y consulta para hacer lo correcto”.

Para el joven legislador el hecho de haber aplazado indefinidamente el proyecto de ley del Código Penal, sobre el que él y otros 27 senadores y diputados trabajaron arduamente constituye una táctica legislativa deplorable y un peligroso precedente.

Rodríguez plantea que es mejor respetar los procedimientos y trámites legislativos “y sobre todo procurando consensuar, en lugar de imponer”.

También, el Foro feminista “Magaly Pineda” denunció que “la maniobra perversa” de querer presentar “un nuevo” proyecto de ley constituye una acción ilegal, ilegítima e inconstitucional”.

“Entendemos que se trata de una maniobra perversa que tiene como propósito recoger en un solo texto las propuestas de los sectores ultraconservadores, negadores de derechos de las mujeres, de niñas, niños y adolescentes, reforzando los elementos discriminatorios en materia de derechos fundamentales a la dignidad humana y a la libertad”, expresan a través de un comunicado.

El pasado viernes el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Castaños Guzmán, recomendó al Poder Ejecutivo observar el Código Penal si ese proyecto es aprobado en el Congreso Nacional por considerar que en la Cámara de Diputados se ha incurrido en una grave violación a los procedimientos parlamentarios y a la Constitución.

La Cámara de Diputados está integrada por 190 miembros, de ellos 96 son del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), 60 peledeístas; 17 de la Fuerza del Pueblo; cuarto reformistas y tres perredeístas. 

Además, dos diputados de Dominicanos por el Cambio (DXC) e igual cantidad de Alianza País, así como un curul para cada uno de los partidos: Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Cívico Renovador (PCR), Liberal Reformista (PLR) y una independiente. Para lograr su aprobación se requiere del voto de las 2/3 partes.