Las irregularidades que se cometieron en el Inaipi para comprar los kits alimenticios ante el COVID-19

La comisión que investigó la denuncia de corrupción en el proceso de compra de alimentos de parte del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) para enfrentar los casos de coronavirus en el país determinó que se cometieron varias irregularidades, que incluyeron una sobrevaluación en el precio que involucra la suma de 100 millones de pesos.

Producto de la alegada sobrevaluación en los kits, el presidente de la República, Danilo Medina, destituyó la noche de este miércoles, mediante el decreto 146-20, a siete funcionarios de la entidad por recomendación de la comisión que investigó la denuncia de corrupción en la licitación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002. La directora de la entidad, Berlinesa Franco, presentó su dimisión con carácter inmediato.

La comisión determinó que se cometieron “violaciones flagrantes a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones para la adquisición de los 40 mil kits de alimentos”.

De igual manera, dijo que se constató, efectivamente, que se había establecido un mecanismo de precios fijos por encima de los precios de mercado. El costo fijado en la compra que se hizo fue de RD$2,500.00 por cada unidad, lo que hace una cifra de RD$100.00 millones. Un oferente lo ofertó a RD$600.00 cada kit.

Otra de las irregularidades del proceso fue que se permitió la entrega de mercancías por parte de proveedores, al margen de cualquier proceso de compra y sin ninguna documentación de respaldo, de acuerdo a la investigación.

“El proceso de compra en marcha ha sido cancelado”, dijo Flavio Darío Espinal, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, quien formó parte de la comisión que investigó la denuncia e hizo el anuncio de las medidas que tomó el Gobierno, entre la que está la destitución de siete empleados del departamento de Compras del Inaipi.

Otra decisión que se tomó fue que el Estado, producto de esas circunstancias, “se ve imposibilitado de hacer efectivos los pagos a dichos proveedores, puesto que las entregas se realizaron al margen de la ley”.

Además, de Espinal formaron parte de la comisión por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y la directora General de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán.