Violaciones de procedimientos expusieron a víctimas de feminicidios en 2019

El 2019 cierra con el dato lastimoso de alrededor de 80 mujeres asesinadas en hechos calificados como feminicidios. El más reciente sucedió apenas este domingo 29 de diciembre en circunstancia que, además del dolor por la tragedia, vuelven a cuestionar el papel de las autoridades al momento de proteger a las víctimas.

Juana Peña Cruz, de 33 años de edad, fue asesinada por su expareja José Esteban Mármol, en la localidad El Limonal de Jarabacoa, supuestamente cuando se encontraba en el interior de una patrulla de la Policía Nacional.

Los informes preliminares del caso indican que el homicida había disparado horas antes contra Peña Cruz, a la que llegó a herir de perdigones. La mujer buscó el auxilio en la Policía, a la que le pidió compañía para rescatar a sus seis hijos que quedaron en la casa y temía que el agresor les hiciera daño.

El reporte de los hechos indica que, luego de llevar a Peña Cruz a un centro de salud y comprobar que estaba fuera de peligro, los agentes volvieron con ella hasta la casa para recuperar a los niños, pero que Mármol disparó nueva vez contra la víctima y se dio a la fuga.

Mientras se discute si la mujer estaba dentro de la patrulla de la Policía, como asegura un testigo, o fuera del vehículo como afirma la institución, permanece el hecho de que Peña Cruz fue expuesta y eso le costó la vida.

Para la abogada y activista feminista María de Jesús (Susi) Pola, el caso es una violación a los protocolos de actuación, un descuido y una muestra de que todavía en el país algunos policías no creen que a una mujer la matan por ser mujer.

“(Al) dejarla sola en la camioneta para ir a buscar al agresor, se violó el protocolo y hay desconocimiento del peligro. Esa patrulla es de gente que piensa que no (la matarán), que todavía no lo cree, que no entienden el fenómeno, pues la gran dificultad es que un hombre reconozca que otro hombre es peligroso”.

Las estadísticas oficiales que registra la Procuraduría General de la República, muestran que hasta septiembre de este 2019 se habían producido en el país 58 feminicidios. El propio Procurador General, Jean Alain Rodríguez en un comunicado de prensa de noviembre pasado, aseguraba que hasta el día 10 de ese mes, sumaban 62 casos que, según sus cálculos, representaba una reducción del 25%. Tomaba de referencia los 74 feminicidios que registraron en 2018 al mes de noviembre, aunque el año pasado terminó con 83.

Desde noviembre, la prensa ha reportado al menos otros 16 casos para un total a la fecha de 78 vidas de mujeres eliminadas a manos de sus parejas o exparejas.

Una de las víctimas fue Juana Domínguez Salas, asesinada por su exesposo el 6 de noviembre pasado. El victimario, Jhoan Manuel Rodríguez, había intentado matarla antes, propinándole once puñaladas. Aunque cayó preso por ese hecho, un acuerdo con la Fiscalía de San Pedro de Macorís le permitió salir de prisión apenas año y medio después, lo que le permitió acabar con la vida de Domínguez Salas.

Ese caso fue parecido al de Anibel González, una abogada que, tras sobrevivir a un intento de homicidio a puñaladas de parte de su esposo, fue asesinada finalmente por éste, en el mes de agosto, también en San Pedro de Macorís. El exesposo de González, el empresario Yasmil Oscar Fernández Estévez, quien se suicidó luego de matarla, había logrado un acuerdo con la Fiscalía que le permitió salir en libertad.

En ambos casos llevaron a investigación a miembros del Ministerio Público actuantes, a los que se les acusa de irregularidad para arribar a esos acuerdos.

La actuación de las autoridades es uno de los retos que siguen pendientes en el país y, a decir de la abogada Susi Pola, se evidencia en el poco reconocimiento del problema como fenómeno que mata a las mujeres.

A su juicio, hace falta que el Estado reconozca el tema y lo trate desde un enfoque de políticas que se sustenten en el imaginario social y económico.

“Es necesario un presupuesto que aborde todo lo que se necesite para enfrentar este fenómeno, sin presupuesto no será posible enfrentar este problema”, dice. También ve necesario la realización de campañas masivas de desmonte de masculinidad, pues entiende que la que vive la sociedad dominicana es violenta y mata.

La correcta ejecución de los protocolos vigentes en lo que se refiere a las competencias de cada una de las instituciones del Estado es también uno de los pendientes que identifica el Ministerio de la Mujer al pasar balance al 2019, en materia de feminicidios. Coincide con Pola en que se requieren políticas públicas para trabajar la masculinidad hegemónica desde la intervención conductual y desde la educación para la prevención.