Venta de Los Tres Brazos, la denuncia que movió al Ejecutivo y la Procuraduría

SANTO DOMINGO. Lo que en principio parecía ser un reclamo más, de los tantos que hacen los comunitarios a las autoridades, a través de los reporteros de Diario Libre, resultó ser en la actualidad, uno de los mayores escándalos de corrupción que involucra no solo estafa contra el Estado sino también contra cientos de personas que viven en las parcelas 153-A y 153-A-2 y 155 del Sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.

A mediados de noviembre del 2016, los residentes del municipio Santo Domingo Este, denunciaron que la empresa Titulatec presionaba a moradores para que pagaran los terrenos donde construyeron sus viviendas hace 20, 30 y más años, y la compañía afirmaba que compró tres parcelas por RD$80 millones hace seis años y tiene derechos legales para reclamar el cobro de los solares.

Fue en el año 2010 cuando la empresa inversiones Fernández Farache (INFEPA) comenzó a vender los terrenos, luego de un acto de compra a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), que era la propietaria de los predios donde funcionaba una fábrica de calzado. Más adelante se creó el consorcio Infepa-Titulatec, este último propiedad de José de Pool Dominici, que es el encargado de vender los solares.

Pool Dominici, además de ser el socio mayoritario de Titulatec, al momento de denunciarse las irregularidades del proceso, fungía como director administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue exadministrativo del Ministerio de Obras Públicas en la gestión del actual canciller Miguel Vargas Maldonado y “prestamista” del canciller Vargas Maldonado y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Efectos

Las denuncias de irregularidades en el proceso de venta de los terrenos obligaron a que el 28 diciembre del 2016 el presidente Danilo Medina emitiera el decreto 392-16, ordenando la suspensión de toda operación de venta o reventa de los inmuebles ubicados en el sector, así como todo proceso de desalojo contra los actuales ocupantes, además se ordenó la creación de una comisión que investigara la venta.

El 31 de enero del 2017, la comisión designada por el Poder Ejecutivo para investigar la venta de los terrenos, en el municipio Santo Domingo Este, recomendó remitir al Ministerio Público las conclusiones de esta indagación que señala, entre otros puntos, la ilegalidad del proceso realizado por CORDE.

También sugirió al Estado dominicano establecer “un mecanismo y calendario para el cierre definitivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP)”.

Las investigaciones realizadas por Diario Libre, posterior a las denuncias evidenciaban que Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), compañía que compró los terrenos, y que luego se asoció a Titulatec, adquirió una extensión de 1,213,861 metros cuadrados (entre las tres parcelas) por un monto de RD$80,000,000, equivalentes a RD$66.00 por metro.

Ello representa una ganancia bruta de más de RD$1,100 millones, si se multiplica el total de metros por el precio promedio de venta que estableció la empresa.

Y que en el contrato marco de la venta que hizo CORDE a Infepa, las partes aseguraron esos márgenes de beneficios, al consignar que el precio de venta de los solares oscilaría, dentro de los primeros 12 meses, entre RD$500 y RD$1,200.

Tras la comisión designada por el Ejecutivo remitir a la Procuraduría los resultados de sus indagaciones, la Procuraduría Especializada contra la corrupción administrativa, el abogado del Estado en la Jurisdicción Inmobiliaria y un equipo de abogados externos, comenzaron a elaborar el historial de las parcelas.

En junio del 2017, fue interrogado Leoncio Almanzar Objío, exdirector de CORDE.

Interrogatorio y sometimiento

Este jueves el procurador general, Jean Alain Rodríguez, informó el arresto y sometimiento a la justicia de Almánzar Objío, Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico de CORDE; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario, Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual directora nacional de Registro de Títulos, contra quienes solicitará prisión preventiva.

También, solicitaran imponer la misma medida de coerción a Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial INFEPA; Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC, y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.

La procuraduría los acusa de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en el Código Penal.