Tribunal no acoge solicitud para suspender ordenanza que prohíbe acceso a lugares sin tarjeta COVID-19

La presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional rechazó este lunes la demanda mediante la cual un grupo de abogados buscaba la suspensión provisional de la resolución del Ministerio de Salud Pública de requerir tarjetas de vacunación contra el COVID-19 a los ciudadanos para dejarlos acceder a lugares públicos y privados cerrados.

El togado Yancalos Martínez, uno de los demandantes, explicó que el juez presidente Darío Caraballo Núñez, no acogió la demanda debido a un error en la documentación y en la citación de la misma a las instituciones demandadas.

Advirtió que a pesar de esto no se quedarán de brazos cruzados y seguirán adelante.

Informó que mañana martes la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) tiene previsto conocer dos recursos de amparo que buscan la suspensión de la ordenanza del Ministerio de Salud.

Para estas audiencias están citados la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y su titular Daniel Rivera, pues, según la documentación, la ordenanza contiene diversas violaciones constitucionales.

Argumentan que la disposición de Salud Pública atenta contra los artículos de la Constitución 38 (Dignidad humana); 39 (Derecho a la igualdad); 40 (Derecho a la libertad y seguridad personal); 42 (Derecho a la integridad personal); 62 (Derecho al trabajo) y 74 (principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales).

Además, los artículos 3 y 4 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

“En razón de que existe una seria amenaza a los derechos fundamentales de la colectividad, en consecuencia, una amenaza que supone la limitación de amplios derechos constitucionales, a millones de ciudadanos con consecuencias insospechadas y generadoras de consecuencias incluso que perturben la paz y el orden público, generando caos, violencia y desorden en las vías, transporte público y espacios de recreación”, establece una de las acciones depositadas en el tribunal.