San Pedro de Macorís, DN y Santiago han hecho 441 acuerdos en casos de violencia de género

Las fiscalías de San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional y Santiago al parecer han establecido como política en casos de violencia intrafamiliar y de género, realizar acuerdos penales con hombres que han agredido y/o maltratado a sus parejas o exparejas.

El dato se fundamenta en que de acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, solo durante el año 2018 los tribunales de esas tres jurisdicciones han homologado procedimientos penales abreviados y suspensión condicional del procedimiento a un total de 441 personas, o sea, un 52% de todos los acuerdos firmado con el Ministerio Público en el territorio nacional.

Datos elaborados el 14 de octubre de este año, el Poder Judicial registraba 843 casos de los cuales 209 se firmaron en el Distrito, 121 en San Pedro y 111 en Santiago.

En las demás demarcaciones del país el número está por debajo de 40, y se destaca también que 10 departamentos tienen cero acuerdos.

Pese a que hace casi un mes de haber solicitado a la Procuraduría General de la República las estadísticas de los acuerdos aprobados por la institución en casos de violencia de género e intrafamiliar, así como una entrevista con el director general de persecución del Ministerio Pública, persona autorizada para aprobar acuerdos en casos sometidos a la justicia, según dispone el memorándum de fecha 28 de febrero del 2017 de esa institución, al cierre de esta edición no fueron remitidas las informaciones a Diario Libre. El asesinato de la abogada Anibel González, el pasado 31 de agosto, a mano de su expareja quien recobró la libertad gracias a un acuerdo firmado con la fiscalía, puso en evidencia que el sistema judicial falla al momento de proteger las mujeres víctimas de violencia. Estas estadísticas, suministradas por la judicatura, confirmarían lo que es un secreto a voces: “En san Pedro es común que se hagan acuerdos en casos de violencia de género”.

Por ahora solo se ha podido identificar los casos de Anibel y Juana Domínguez Salas, asesinada el pasado lunes, debido a que ni el Ministerio Público, ni el Ministerio de la Mujer ni las instituciones que trabajan para la prevención de violencia intrafamiliar y de género, tienen estadísticas de casos con las mismas características de estas dos madres que han dejado en orfandad a siete hijos.

En la Procuraduría General de la República, órgano que dirige el Plan Nacional contra la Violencia de Género, no existe un protocolo o una base de datos en la que se establezca si las mujeres asesinadas por sus parejas tenían proceso judicial abierto y qué curso se les dio a esos casos.

Tampoco se sabe cuántas mujeres murieron a manos de sus exparejas o parejas luego de llegar a acuerdos por procedimiento penal abreviado y suspensión condicional de procedimiento.

En el departamento de Violencia de Género se informó a reporteros de Diario Libre que desde el año pasado en adelante es cuando se ha venido creando una base de datos en donde se establece si una mujer asesinada había o no denunciado.