Procuraduría General abre una investigación en el caso Odebrecht
Otorgan 48 horas a instituciones para entregar contratos. Piden a Brasil suministrar nombres
SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República decidió abrir una investigación en materia penal en torno al presunto soborno que habrían recibido funcionarios públicos de la empresa brasileña Odebrecht por unos US$92 millones.
Este lunes, el procurador General, Jean Alain Rodríguez Sánchez, informó que otorgaron un plazo de 48 horas a todas las instituciones del Estado para las cuales la multinacional laboró para que entreguen los contratos firmados.
“Formalmente se ha aperturado una investigación para dar con todos aquellos, funcionarios, personas físicas o morales que hayan estado involucrados en los alegados sobornos del caso Odebrecht”, dijo.
Rodríguez informó, además, que han solicitado a las autoridades brasileñas los nombres de los funcionarios que recibieron los US$92 millones en soborno entre el 2001 al 2014.
“A pesar de que hemos solicitado esa información, mientras la esperamos hemos tomado acción activa, y estaremos en República Dominicana realizando un proceso de investigación que incluye, solicitar a todas y cada una de las instituciones del Estado donde la empresa Odebrecht tuvo una participación directa o indirecta, que nos suplan todos los contratos en detalles pero en particular que nos informen quienes fueron las personas que sostuvieron negociaciones, entiéndase que fueron enlaces con Odebrecht y que, además, participaron en los procesos de licitación con esa empresa”, expresó.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Instituto Nacional de Aguas Potables, Corporación de Acueductos y Alcantarillado, figuran entre las entidades a las cuales se les otorgó el plazo para la entrega de las informaciones.
El Procurador no especificó si solicitarán o no información sobre el caso al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde la Odebrecht admitió el pago de soborno a por US$788 millones en 12 países, incluyendo República Dominicana, a través de la cooperación jurídica Internacional.
“La Procuraduría General de la República hará todo lo que tenga que hacer para dar al fin con la verdad en este caso. A todo el que sea necesario, que nos puede suministrar información, la Procuraduría determinará en su momento qué solicitudes hará, pero ya hemos hecho las solicitudes formales a Brasil, que es el gobierno que ha sometido a los imputados”, refirió en rueda de prensa.
Aseguró que en la investigación que abarca cuatro períodos de gobierno: Hipólito Mejía (2000-2004), Leonel Fernández (2004-2012) y Danilo Medina (2012-2016), serán investigados y procesados, todos aquellos que se comprueben que han participado en el hecho, sin importar de qué gobierno sean.
El pago de aproximadamente US$788 millones de dólares en sobornos hechos por la constructora brasileña se hicieron en relación a “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos oficiales difundidos por el Departamento de Justicia de EE.UU.
En el acuerdo judicial al que llegaron los ejecutivos de la empresa con la justicia estadounidense, Odebrecht se comprometió a pagar multas por 6,959,4 millones de reales (unos US$2,047 millones) a los gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga.
En el caso de Dominicana, el documento establece que la compañía pagó sobornos, creando una unidad independiente, llamada División de Operaciones Especiales, que “en la práctica funcionaba como un departamento de sobornos” dentro de la compañía y que se apoyaba en un sistema de comunicaciones no declarado integrado por correos electrónicos de transmisión segura, alias y contraseña.
Diversos sectores de la sociedad, así como dirigentes de los diferentes partidos políticos, solicitaron la apertura una investigación profunda, seria y “sin vacas sagradas” en materia penal a aquellos funcionarios públicos que favorecieron a Odebrecht.