Preocupa el futuro de los “grandes casos de corrupción” en el país

SANTO DOMINGO. El futuro de los casos de corrupción instrumentados por el Ministerio Público y que están en los tribunales, continúa preocupando a la población, así como a actores del sistema político y judicial. El temor de que en los casos Odebrecht, Súper Tucano y Los Tres Brazos ocurra como en otros sonados procesos de presunta corrupción administrativa en que no se lograron sanciones, se evidencia en redes sociales y conversaciones entre ciudadanos.

Francisco Ortega Polanco, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), designado para conocer la solicitud de apertura a juicio, tiene la responsabilidad de establecer los méritos o no de la acusación formulada por la Procuraduría contra el senador Tommy Galán Grullón, el empresario Ángel Rondón Rijo, el exministro de Obras públicas, Víctor Díaz Rúa, los exsenadores Andrés Bautista García, Jesús Vásquez y Juan Roberto Rodríguez Hernández, así como del abogado y notario Conrado Pittaluga Arzeno.

Mañana martes, Ortega Polanco, conocerá tres incidentes planteados por los imputados. En caso de acoger al menos uno de ellos, será necesario recesar la audiencia preliminar.

Díaz Rúa le solicitó declararse incompetente para conocer el caso y por consiguiente declinarlo al juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional. Tommy Galán, exige incorporar al proceso los autos motivados de los archivos dictados por la Procuraduría en favor de César Sánchez, Bernardo Castellanos, Temístocles Montás; el senador Julio César Valentín; Máximo De Óleo; el diputado Alfredo Pacheco; Radhamés Segura y Ruddy González, en tanto que Jesús Vásquez pide todas las pruebas recolectadas en la fase investigativa para elaborar sus medios de defensa.

El juez de instrucción fue recusado y objetado en varias ocasiones por los imputados; dichos recursos fueron rechazados por el Pleno de la Suprema y su presidente, Mariano Germán Mejía.

A solicitud del consejo de defensa de algunos imputados, Francisco Ortega, repuso los plazos para la presentación de sus escritos de defensa, así como incidentes.

Las denuncias de la diputada Faride Raful y las solicitudes que ha hecho en varias ocasiones para que la Cámara de Diputados cree una comisión para investigar los pagos que le hizo el Estado a las empresas de Joao Santana, exasesor del presidente Danilo Medina, y su esposa Mónica Moura, generó cuestionamientos a la administración gubernamental.

La solicitud hecha en el hemiciclo motivó que el Ministerio Administrativo de la Presidencia remitiera documentos a la Cámara explicando los montos y pagos hechos a los brasileños.

Tucanos

A menos de un mes de cumplirse un año de que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitara enviar a juicio de fondo por los US$3.5 millones pagados por Embraer en sobornos para la compra de los aviones Súper Tucano, aún no se ha iniciado el conocimiento de las imputaciones contra el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Ysrael Abreu Rosario, y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.

Las audiencias en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional han sido incidentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa de los imputados. Los fiscales llegaron a recusar a la juez interina Yanibet Rivas y, luego, solicitaron separar la acusación contra Embraer del resto de los imputados.

Aunque la acusación e investigación de la Procuraduría se basa en los US$3.5 millones que la Empresa Brasileira de Aeronáutica admitió haber pagado en sobornos para la compra de los aviones, el Ministerio Público sólo pudo documentar US$178,650.

La acusación dice que la investigación nacional y la asistencia jurídica internacional dada por Brasil y Estados Unidos, precisan que los sobornos fueron remitidos a República Dominicana y distribuidos en las empresas 4D Business Group y Magycorp, “entre otras, de las cuales no ha sido posible hasta el momento actual de presentación de acto conclusivo, precisar razonable participación en los hechos, a pesar de los múltiples esfuerzos y diligencias a nivel nacional e internacional”.

El proceso penal por la venta irregular de los terrenos donde se encuentra ubicado el sector Los Tres Brazos, se inició y fueron dictadas medidas de coerción contra once personas.

Fueron enviados por tres meses de prisión preventiva a Najayo Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE); Juana Ynés Gómez Williams, principal accionista la Inmobiliaria GOWI; Domingo Geraldo Lebrón y Manuel Aybar, ex gerente inmobiliario de CORDE.

Además, a los hermanos Carlos Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de Infepa, y José de Pool Domimici, principal accionista de Titulatec.

El juez José Alejandro Vargas dictó impedimento de salida y presentación periódica a la suspendida registradora Nacional de Títulos, Rosabel Castillo; el exconsultor jurídico de CORDE, Irving Cruz y los agrimensores Ana Antonio Ozuna y Hadonis Ruiz

No prosperaron

En el accionar de la Procuraduría Contra la Corrupción se destacan dos importantes casos de corrupción administrativa que no tuvieron los resultados esperados: el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) y del exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) y actual senador, Félix Bautista Rosario.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exdirector del INAPA, Alberto Holguín y a la ingeniera Sobeida Perdomo Ogando, quienes eran acusados de prevaricación, soborno y estafa contra el Estado por unos mil millones de pesos. El tribunal explicó que la acusación formulada, así como las pruebas aportadas por las partes, demostraron que los contratos se asignaron acorde con lo establecido en la ley y que su director no tenía la capacidad de influir para que allegados suyos fueran favorecidos con obras.

Esa decisión fue ratificada en la Corte de Apelación y tiene fijada audiencia de casación para hoy en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

El juez de la Instrucción especial de la Suprema Corte, Alejandro Moscoso Segarra, dictó el 17 de marzo del 2015 un auto de No Ha Lugar a la acusación de desfalco corrupción y lavado de activos formulada por el Ministerio Público contra el Félix Bautista, José Elías Hernándeza, Bolívar Ventura, Carlos Manuel Ozoria, Grisel Araceli Soler, Soraida Abreu Martínez, Bienvenido Bretón Medina. En octubre de ese mismo año la Segunda Sala de la Suprema ratificó esa decisión.

Victorias

Los casos de corrupción que han sido conocidos en los medios de comunicación y en los que el Ministerio Público ha obtenido ganancia de causa recientemente fueron los de los exalcaldes Raúl Mondesí, condenado a 8 años de prisión junto a otras cinco personas por desfalco al Ayuntamiento de San Cristóbal; Félix Rodríguez Grullón condenado a cinco años de prisión junto a otros miembros de su administración por desfalco a la alcaldía de San Francisco de Macorís.

De igual modo, las condenas a los implicados en la red mafiosa que operaba a lo interno de la OISOE y que se descubrió a raíz del suicidio del arquitecto David Rodríguez en la sede de la institución. Alejandro de los Santos Serrano, Yoel Soriano Fabián, Julio Rafael Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez, fueron condenados a seis y cinco años de prisión.