Poder Judicial: previo a explosión de Licey al Medio no se solicitó el cierre de la estación de gas

El juez Henry Domínguez, presidente de la Cámara Civil del Distrito Judicial de Santiago, se desligó este miércoles de los señalamientos que han hecho abogados acerca de que el fuego ocurrido en la planta de gas licuado de la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples la Económica (Coopegas), del municipio de Licey al Medio, pudo haberse evitado por mediación de una decisión de ese tribunal.

En un comunicado enviado a Diario Libre por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), el cual dispuso una investigación del caso, se establece que en ningún momento previo a la explosión se había solicitado el cierre de la estación por asunto de seguridad.

Explicó que fue el pasado 15 de septiembre de 2020, cuando el tribunal fue apoderado de una acción constitucional de amparo preventivo, promovida por la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples La Económica (Coopegas) en contra del Ayuntamiento del municipio de Licey. La acción estaba fundamentada en que el Ayuntamiento le notificó una intimación para el pago de impuestos y al mismo tiempo la amenaza de cierre de las estaciones en caso de no efectuarse.

“Es importante recalcar que la acción de amparo de la que está apoderado el tribunal, la promueve la Cooperativa y no el Ayuntamiento. En la misma se procura que el tribunal ordene al Ayuntamiento abstenerse de cerrar las estaciones por la falta de pago de los arbitrios. El proceso, motivado en la solicitud de cierre por falta de pago, no tiene relación con el funcionamiento de las estaciones ni con sus condiciones de seguridad”, dice el documento del Poder Judicial.

Establece, además, que el día 1 de octubre fue cuando se celebró una primera audiencia, la cual fue aplazada con el fin de darle oportunidad a Coopegas de depositar sus pruebas.

El Poder Judicial también informó que tres días después de haber producido la explosión, los abogados del Ayuntamiento de Licey solicitaron al tribunal que disponga el cierre de una segunda estación propiedad de Coopegas. En ese momento, según la información enviada a Diario Libre, el tribunal rechazó la solicitud que hicieron los abogados del Ayuntamiento de Licey por no haber depositado las pruebas que comprobaran la necesidad del cierre de esa segunda estación.

El Poder Judicial también lamentó “las pérdidas humanas que esta tragedia trajo consigo, situación que ha llenado de tristeza y de luto a esa comunidad, ubicada en Santiago de los Caballeros, así como a las familias y allegados de las víctimas”.

Sin embargo expresó que “es un deber del Consejo del Poder Judicial aclarar cualquier situación en la que se vea envuelto algún miembro de la judicatura”.