Pepca: en la Procuraduría operaba una red que recibía sobornos y distraía fondos

En vez de cumplir con su misión de velar por el fiel cumplimiento de las leyes y perseguir penalmente a quienes hayan cometido crímenes y delitos contra personas o el propio Estado, en la sede Procuraduría General de la República, durante la administración de Jean Alain Rodríguez, operaba una red criminal que recibía sobornos, distrajo fondos, creó nóminas ficticias, destruyó evidencias, incendió documentos institucionales, adulteró fechas y objetivos de comunicaciones, sobrevaluó obras, funcionó como centro de envase y distribución de ron y como comando de campaña, según afirma la Procuraduría Espe- cializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Los datos están contenidos en la solicitud de prisión preventiva hecha contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, la encargada del Plan de Humanización del Sistema Penitensiario, Jenny Marte; el exdirector administrativo de la PGR, Jonnathan Rodríguez; la subdirectora administrativa y financiera, Altagracia Guillen; el subdirector financiero, Alfredo Solano; el exdirector del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación, Javier Forteza; el exasesor Miguel José Moya, Rafael Mercedes y Empresas Desarrollo, Individuo & Organización (DIO, SRL).

El Ministerio Público afirma que la estructura creó proyectos sin ideología ni planificación, con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción como el caso del Plan de Humanización, con el objetivo de tener actividades que les permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron cuantiosas sumas de dinero para beneficio personal.

Diez mil millones

En la instancia de medida de coerción programada para conocerse este viernes a las 10:00 de la mañana, en el Tribunal de Atención Permanente, el Ministerio Público calificó como un crimen de primer orden el haberse distraído o invertido sin criterio aproximadamente 10,000 millones de pesos en el plan de humanización. Para éste se adquirieron mobiliarios, equipos y electrodomésticos, para inaugurar el Lote 4 de la cárcel La Nueva Victoria, hoy llamada como Las Parras, el cual ha generado daños cuantiosos para el Estado debido a que presenta vicios de construcción insalvables.

Un informe de ingeniería realizado por Grupo Keretaros da cuenta de que en el plan se cometieron graves errores como la cubicación y pagos de partidas no ejecutadas con montos ascendentes a 450 millones 325 mil pesos, que posteriormente fueron descubicadas, “aseguran la existencia de un generalizado desorden y caótico desarrollo del proyecto”, se afirma.

El Ministerio Público señala que la cárcel Nueva Victoria se construyó en terrenos que tenían propietarios y que esto ha involucrado a la organización en una serie de reclamos de ciudadanos que alegan haber sido despojados de sus propiedades de manera irregular.

Según el expediente, en el plan se adquirieron de manera irregular, mediante una licitación privilegiada a la empresa Smart Logistics Internacional por unos 420 millones 150 mil pesos, el sistema de monitoreo, instalación IP, detectores de metales, equipos de seguridad y vigilancia, así como armas de fuego marca Glock. Sin embargo, “muchos de esos equipos no se encuentran en poder de la Procuraduría”.

Hacen referencia a que por orden verbal de Jenny Marte y sin ningún documento de sustento, se transfirieron 16 millones de pesos del Centro de Correc- ción y Rehabilitación San Juan de la Maguana al CCR La Victoria.

“Constituyeron una asociación de malhechores que para distraer los fondos del Estado cometieron múltiples acciones delictivas que van desde la construcción de un plan de humanización sin ningún diseño real, ausencia de estudio de suelo o estudios adulterados y en otros casos estudios de suelo que evidentemente indicaban que no había condiciones para hacer las construcciones de lugar como ocurrió con la selección de los terrenos de Las Parras, Barahona, entre otros”, dice la Pepca.

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