Ministerio Público dice red Falcón tenía infiltrados en la DNCD que avisaban sobre operativos

El Ministerio Público presentó este martes ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago la solicitud de la medida de coerción a 23 de las personas involucradas en la Operación Falcón, contra quienes dice tener una lista de 350 pruebas que sostienen las imputaciones.

Y entre éstas señaló análisis de inteligencia electrónica en los que la red criminal desmantelada con la Operación Falcón se refería en sus llamadas a las ubicaciones y fechas de los operativos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), “dejando ver, mediante mensajes en clave, que tenían a efectivos de esa institución en la nómina de este entramado de narcotráfico internacional y lavado de activos”.

Según una nota de prensa, la red de la Operación Falcón de dedicaba al lavado de activos del narcotráfico, el tráfico internacional de armas y el patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad.

El Ministerio Público detalló ante la jueza Iris Borgen Santana que la red Falcón tenía su mando de operación en Santiago y contaba con ramificaciones en distintos puntos del país, como el municipio de Miches, El Seibo, desde donde transportaban miles de kilos de drogas y adquirieron múltiples propiedades, desde estaciones de gasolina hasta todas las rutas de transporte del municipio.

“La red podía observar todos los movimientos en las entradas y salidas, tanto terrestres como marítimas de Miches, así como en puntos del interior del municipio, desde el Coco Restaurant, donde tenían instalados 26 puntos de cámaras de vigilancia”, indica la nota de prensa.

La red fue desmantelada en coordinación con la DNCD y la cooperación internacional de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Audiencia sigue este miércoles

El Ministerio Público presentará este miércoles las conclusiones de su solicitud de medidas de coerción, en la continuación de la audiencia, pautada para las 9:30 de la mañana.

La operación, que continúa realizando allanamientos y mantiene una investigación abierta, es encabezada por la Dirección Nacional de Persecución de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Santiago.

Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruiz.