Menores encerrados bajo un sistema de vulneraciones

Sentadas en las inmediaciones del Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de Hato Nuevo, Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste, estaban madres, tías, hermanas y padres de menores recluidos en el citado recinto, a la espera de que llegue la hora de entrada para visitar a sus parientes.

Al ser abordados, denuncian las situaciones que pasan sus familiares menores de edad en el centro: riñas, maltratos, problemas con los alimentos y la falta de celeridad en los procesos judiciales.

“Yo le dije al juez que lo someta, pero después que mi hijo está ahí, han pasado tantas cosas que ya yo lo quiero sacar de ahí”, comenta en tono molesto una de las madres que asegura haber contribuido a la prisión de su hijo por mala conducta. El joven, de 17 años, lo detuvieron hace ya seis meses por la supuesta posesión de una pistola.

“Mi experiencia es que yo salgo triste, pues mi hijo me dice las cosas (que ocurren) y a veces no me dice por temor a que vayan a maltratarlo. Los maltratan, les dan golpes, los mismos muchachos hacen sus armas ahí dentro. Puyan, es muy inseguro”, comenta la mujer mientras pide que esas cosas se hagan públicas para que el ambiente mejore.

Alejandra (nombre ficticio para proteger la identidad del menor), que también visitaba a su hijo de 16 años desde Monte Plata, cuenta que el joven fue herido por otro menor. Requirió 100 puntos de sutura en un brazo. “Él vio a otro más viejo dándole a uno más chiquito y le brincó. A él no le gusta el abuso”, explica la madre.

Adriana (otra de las madres) denuncia la presencia de bandas en el recinto. “Hay unas casitas que son peligrosas. Ellos se matan uno a otro y eso no sale a la luz”, indica la mujer. Otra madre manifestó que su hijo fue herido de cuatro estocadas en el costado izquierdo, cuello y un brazo hace dos meses. “Los muchachos tienen armas; despegan los alambres de la cerca y la liman”, dice.

El padre de otro de los adolescentes en conflicto con la ley penal afirma que “la mitad de las gillette (navajas) las venden en 1,500 pesos” dentro del centro.

Mantener la seguridad en un centro que acoge a 223 adolescentes, algunos de ellos ya mayores de edad, resulta difícil para un sistema que no dispone de todo el personal de seguridad suficiente, como admiten las propias autoridades.

En Hato Nuevo está la gran mayoría de los 455 internos de los siete centros de atención integral para adolescentes a nivel nacional, imputados de infracciones vinculadas a robo, droga y riñas, principalmente. Le sigue La Romana con 69; Santiago de los Caballeros con 56; La Vega con 43; Villa Consuelo, con 26 (femeninas); el Instituto Preparatorio de Menores de San Cristóbal, con 20 y, hasta hace una semana, también se contaban 18 en el centro que funciona, de manera temporal, en Cristo Rey.

Justo de ese lugar se escaparon 15 jóvenes en momentos en que serían trasladados a otro centro, por haber cumplido la mayoría de edad, según informó la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAIA), el pasado 11 de octubre.

A mediados de septiembre, esa dirección también informó del reapresamiento de seis de los 16 adolescentes que se fugaron de La Vega.

Consultada sobre el tema de las riñas, la titular de la DINAIA, Elba Núñez, señala que muchas de las riñas no se originan en los recintos, sino en los destacamentos de las fiscalías, donde hay casos de jóvenes que duran hasta dos meses detenidos, algo que “viola sus derechos pues la Ley establece 24 horas y como máximo 48”.

“Ellos generan pleitos en las carcelitas y cuando llegan a los centros quieren desquitarse y hacer sus ajustes de cuentas, que no siempre se quedan entre dos adolescentes, sino que cogen dos casitas y así, ya no es uno en contra de otro, son 48 adolescentes ‘fajados’ al mismo tiempo”, añade Núñez, quien sostuvo que implementan medidas que contrarresten esta clase de actividades.

No aporta una cifra, pero entiende importante reconocer que no tienen el personal, ni en cantidad ni en calidad suficiente. “Hay una falta de personal muy grande en todo el sistema y eso no es de desconocimiento de las autoridades. No lo voy a justificar, pero hay gran falta de personal. Pero, contratar personal, sobre todo de seguridad, no es de la noche a la mañana, puede tomarse un año, si las convocatorias responden. No siempre lo hacen y, por si fuera poco, hasta los que tienen se les van.

Cuenta que hace poco la Policía Nacional abrió convocatorias y que las condiciones que ofrecía eran más atractivas para el personal que las que ellos le aseguraban en el centro. Eso provocó que parte de la seguridad se fuera. “La Procuraduría tomó medidas, en el presupuesto, para mejorar las condiciones de los agentes”, asegura.

Pero Núñez también menciona las acciones que buscan implementar para mejorar los conflictos entre los adolescentes. Entre ellos, un programa de mediación que intervendrá a mediano y largo plazo para disuadir las situaciones de conflictos.

Señala que reforzarán la responsabilidad de los jóvenes de forma individual, ante los casos de internos armados con elementos, en su mayoría punzantes, sacados de electrodomésticos o mobiliario.

“Cada vez que a un adolescente se le encuentre un objeto prohibido se le hace un acta y se le comunica a su defensor público y al juez de seguimiento penal. Eso hace que reduzcan su interés de armarse porque eso elimina los beneficios que puedan tener en el sistema”, indica la funcionaria.

Investigación por maltratos

La Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, indica que es responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad proteger a los menores contra cualquier forma de explotación, maltrato, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal.

Sin embargo, casi todas las madres consultadas coincidieron al hablar sobre los maltratos que sufren los menores por parte de varios agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario, también conocidos como VTP’s. “Ahí te maltratan, te dan palos, los agentes son malos”, sostuvo una de las madres.

Otras sostuvieron que los jóvenes rehusan hablar sobre los maltratos por temor a represalias. “La otra semana se le fue el gas, no había con qué hacerles cena; (los jóvenes) se revelaron y ellos (los agentes) empezaron a tirarle agua y balas de salva”, denuncia la progenitora de uno de los internos.

“La comida que les dan no los sostienen”, “lo que les dieron fue un juguito con pan”, “ni siquiera les dan lo que uno les trae”, comentan otras madres que aseguran que esa situación ha provocado riñas entre los menores, porque unos les quitan los alimentos a otros debido a que, “les dan un ‘chin’ de comida”.

Los padres también se quejan por la falta de comunicación con sus hijos, sobre todo cuando ocurren situaciones relacionadas con su salud. Una de las madres narró la incertidumbre que pasó al no tener información sobre su vástago, luego de un incidente en el que resultó herido otro adolescente.

“Yo no sabía si el mío estaba herido. No supe nada de él hasta que vine el miércoles, no dicen nada”, afirma. Otra madre asegura que en ocasiones los menores se enferman “y no los llevan a donde tienen que llevarlos”.

“Sí, nosotros encontramos situaciones de maltrato cuando llegamos al sistema”, reconoció Elba Núñez, al tiempo que recuerda el caso de un exdirector del centro que está en proceso de sometimiento, varios agentes son investigados por las denuncias, y “un gran número” de los VTP’s han sido amonestados por irregularidades.

Al señalar que no aceptarán abusos contra los adolescentes, la funcionaria destaca que tampoco permitirán maltratos por parte de los menores hacia el personal.

Hace la advertencia, porque ella conoce que, en muchas ocasiones, los adolescentes dan una versión distinta a como ocurren los hechos y pueden presentar como maltrato el que un seguridad les agarre con fuerza por los brazos en un intento de contenerlos. También lamenta que, en ocasiones, los propios padres les llevan drogas y objetos no permitidos a los menores.

La Ley 136-03 establece que el adolescente imputado no será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a métodos o técnicas que induzcan o alteren su libre voluntad, su estado consciente o atente contra su dignidad.

Atención integral

Cuando los menores entran a los centros de atención integral, además de contar con los servicios básicos de alimentación y salud, disponen de aulas escuelas, canchas, play y espacios para talleres.

Elba Núñez asegura que están haciendo un gran esfuerzo por fortalecer los programas de los centros, pero identifica algunas prioridades que se tienen que atender y que no dependen solo de esa Dirección, sino de otros actores.

La contratación de personal bien formado y la coordinación interinstitucional, son la prioridad, dice. “Nos cuesta mucho trabajo que las otras instituciones asuman el rol que les corresponde, por ejemplo, (Ministerios de) Educación, Salud Pública, Programas Especializados y Sociales de la Presidencia. Todos hacen un esfuerzo de alguna manera, pero no el esfuerzo que necesitamos”, comenta.

Señala que, justo en Hato Nuevo no han podido empezar a impartir clases de bachillerato a varios internos, algunos que ya deberían estar en la universidad, porque desde el Ministerio de Educación no les asignan los cuatro profesores que le han solicitado desde hace más de un año. Tampoco les han proporcionado los materiales suficientes para que todos los menores puedan asistir a las clases con sus útiles escolares y uniformes.

Pero Núñez también apela a la participación de las familias, que tienen la responsabilidad de los menores, además de que son parte fundamental para su reinserción. Lamenta que, según los registros que llevan, solo entre el 30 % y el 34 % de los internos recibe la visita de sus padres.