Luces y sombras de la gestión de Mariano Germán frente al Poder Judicial

Con la decisión “irrevocable” del presidente del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, de no presentarse a la evaluación de los titulares de esa Alta Corte que en los próximos días hará el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para quienes deseen continuar, se cierra una gestión acentuada en el fortalecimiento de la Jurisdicción Inmobiliaria, en el monitoreo estricto del desempeño de los jueces y servidores judiciales, así como un mayor nivel de acceso a sus servicios; lauros que resaltará la historia junto a un escándalo de corrupción que cambió para siempre el rostro de su administración.

Para la mejora de la Jurisdicción Inmobiliaria, bajo la tutela de Germán Mejía se implementaron los sistema de Información Cartográfica y Parcelaria (SICyP), de Gestión y Apoyo a Mensuras (Sigam) y el Sistema Único de Recepción y Entrega (SURE), todos concebidos para la automatización, el seguimiento y la agilización de los expedientes y casos de registro de títulos, una arista determinante para desarrollo del sector que sólo en el año 2017 acaparó cerca del 25 % de los créditos otorgados al sector privado, de acuerdo al Banco Central.

También se elaboró un Reglamento de Procedimiento de Juicios Disciplinarios para jueces y servidores judiciales, que no existía. Fue así como en siete años de gestión se realizaron 2,246 labores de inspectoría, 432 servidores del Poder Judicial fueron sometidos a juicios disciplinarios y 21 de ellos fueron destituidos. El resto fueron descargados o suspendidos.

Entre los años 2012 y 2018, además de instaurar los Tribunales de Primera Instancia en Reestructuración y Liquidación de Empresas Físicas, el Poder Judicial puso en funcionamiento veintinueve 29 tribunales penales, diez 10 salas civiles, tres tribunales laborales, cinco tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes y tres tribunales inmobiliarios.

En ese mismo período, las jurisdicciones de fondo y las tres salas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dictaron un total general de 4,096,068 decisiones. Así lo reveló el funcionario en su última rendición de cuentas el pasado 7 de enero del año en curso, en ocasión del Día del Poder Judicial.

Mariano Germán Mejía deja el Poder Judicial con el ancestral reto de fortalecer la credibilidad y la independencia del sistema, de robustecer la inspectoría de sus procesos administrativos y de mejorar las condiciones de trabajo de sus servidores.

En sus discursos de rendición de cuentas, fue enfático en exigir mayores partidas presupuestarias para el desarrollo de las operaciones del sistema de justicia de la República Dominicana.

En la pieza que leyó en Audiencia Solemne el Día del Poder Judicial, el magistrado señaló que desde el año 2012 la institución ha recibido un promedio anual de un 1.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en lugar del 2.66 % que le corresponde, según la Ley 194-04.

Caso Awilda Reyes y Francisco Arias Valera

En noviembre del año 2015 estalló un escándalo que cambió para siempre el semblante de su gestión al frente del Poder Judicial. En una rueda de prensa el día 23 de ese mes, Germán anunció al país que una jueza le había confesado que aceptó dinero para poner en libertad al exregidor perredeísta Erickson De Los Santos Solís, acusado de sicariato y de lavado de activos.

Se trataba de Awilda Reyes Beltré, exjueza de la cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien luego fue suspendida y acusada de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Reyes le llevó al presidente de la Suprema los RD$350 mil “que le habían dado como adelanto” para proceder con la liberación de De Los Santos Solís; así como devolver US$20 millones a la sociedad Prado Universal Corp., constructora de la Torre Atiemar.

La oleada se llevó de paso al exconsejero del Poder Judicial y exjuez del cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, Francisco Alberto Arias Valera, a quien Reyes señaló como la persona que le había entregado el referido recibo y que la había orientado al respecto por “órdenes superiores”.

Arias Valera renunció a su calidad de consejero y juez una semana antes de que Mariano Germán diera la rueda de prensa .

El caso se encuentra en una especie de limbo jurídico; ha pasado por la mano de cinco magistrados a tres años y casi tres meses desde que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó auto de apertura a juicio por soborno y asociación de malhechores en contra de los imputados.