Los archivos definitivos acaparan los debates en el juicio del caso Odebrecht

Los debates en el segundo día del juicio por los sobornos de Odebrecht se centraron ayer en el archivo definitivo que favoreció a ocho de los implicados que fueron sacados del caso de corrupción, puesto que los imputados en el proceso actual exigieron conocer las razones de esos archivos para ver si las motivaciones podrían servirles para su defensa.

La solicitud para que les notifiquen los archivos fue hecha por los abogados de Víctor Díaz Rúa y Andrés Bautista al Ministerio Público la semana pasada, pero los fiscales no habían agotado el proceso porque se encontraban recusados e impedidos de realizar cualquier procedimiento relacionado con el caso.

Al pedimento se sumaron Ángel Rondón, Tommy Galán, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez.

Tomando en cuenta que las recusaciones de los fiscales fueron rechazadas por el Ministerio Público y que el trámite de la solicitud todavía estaba en curso, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron para el próximo lunes 5 de octubre la continuación de la audiencia.

Durante este tiempo el Ministerio Público debe entregar la documentación requerida a los seis imputados para que estos puedan estudiarla.

Los casos archivados

El 7 de junio del 2018, cuando se presentó acusación contra los ahora encartados en el expediente, el entonces procurador Jean Alian Rodríguez, informó que procedía al archivo de ocho expedientes porque no encontró pruebas suficientes para comprobar la acusación.

En el caso de Alfredo Pacheco, actual presidente de la Cámara de Diputados, se archivó la acusación de aceptar sobornos por parte del imputado Ángel Rondón, para la aprobación de financiamiento a los proyectos de Aplicación del Acueducto de la Línea Noroeste y las Hidroeléctricas Pinalito y Palomino.

Archivaron la acusación de Bernardo Castellanos, señalado como una de las personas que recibieron dinero de Rondón para opinar a favor de la construcción de la Hidroeléctrica Pinalito.

Al exsenador Julio César Valentín se le acusó de recibir sobornos para la aprobación del contrato de financiamiento del Corredor Duarte I.

Ruddy González, exdiputado de Azua habría influido, bajo pagos de parte de Rondón Rijo, para que se aprobaran los proyectos.

A Máximo de Óleo se le acusó de influir a favor de la ejecución de la Hidroeléctrica Pinalito.

Temístocles Montás, exministro de Economía, admitió que recibió dinero como financiamiento para campañas políticas.

César Sánchez Torres habría firmado, de forma irregular, el contrato para la ejecución de la Hidroeléctrico Pinalito. Mientras que Radhamés Segura habría firmado varias de las adendas al contrato de construcción de esa obra.

En la actualidad hay seis imputados en el caso de los US$92 millones por los sobornos Odebrecht.