Jurista cree que la conciliación entre fiscal y el agente de Amet “es un mal ejemplo”
Dice que con el acuerdo se envía un mensaje a la ciudadanía de que si viola la ley puede quedar impune
SANTO DOMINGO. Al analizar el incidente entre un agente de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) y una fiscal que obstruyó el paso peatonal, que concluyó con la conciliación entre ambos y cuyo expediente fue archivado, el abogado Cándido Simón dice que este caso es el peor de los ejemplos de incumplimiento a las normas por parte de las autoridades y que envía una señal a la ciudadanía de que si faltan a la ley su proceder puede quedar impune.
Simón afirma que el Consejo Superior del Ministerio Público debió juzgar a la fiscal de la Corte de Apelación, Sourelly Jáquez porque no solo violó la ley de tránsito sino que agredió a la autoridad que en este caso es el agente de la AMET, como establece el Código Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público 133- 11.
“No basta (con la conciliación), no es un buen ejemplo que hayan llegado a un acuerdo con violar ambos la ley porque la AMET pierde legitimidad y se le tumba la moral a los agentes para imponer la ley en las calles”, considera.
El Artículo 224 del Código Penal establece que “se castigará con multa de diez a cien pesos, el ultraje que por medio de palabras, gestos o amenazas, se haga a los curules o agentes depositarios de la fuerza pública, y a todo ciudadano encargado de un servicio público, cuando estén en el ejercicio de sus funciones, o cuando sea en razón de dichas funciones”.
En tanto que el siguiente, el 225, indica que “la pena” por violar la disposición anterior “será de seis días a un mes de prisión, si el agraviado fuere un comandante de la fuerza pública”.
En cuanto a la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11, ésta, en su Artículo 91, califica de “faltas graves” la actuación de sus miembros “que dan lugar a suspensión desde treinta hasta noventa días (...) no observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado y “tratar reiteradamente de forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada u ofensiva a los superiores jerárquicos, a los subalternos y al público”.
Antes de la conciliación, al agente Richardson Saba Núñez se envió a prisión y el Ministerio Público no se pronunció ante la falta a la ley por la fiscal.
Los protagonistas del incidente llegaron a un acuerdo en el que la magistrada se comprometió a pagar la multa por la infracción a la ley de tránsito que cometió y pidió perdón por el altercado con Saba Núñez, a quien acusó de golpearla. Imágenes en las redes muestran que el agente del AMET fue supuestamente agredido en el cuello, al ser arañado por la representante del Ministerio Público. El caso fue enviado a archivo definitivo.
Los recurrentes incidentes con los miembros de la AMET de funcionarios y dirigentes políticos se ha debido en parte por la grabación que éstos hacen a las infracciones, lo que, según Simón, éstos tienen instrucciones de grabarlos como pruebas, siempre y cuando sea en un espacio público.
Ejemplos de funcionarios con la ley
La omisión a la ley de tránsito por parte de funcionarios ha quedado en evidencias con otros casos, entre ellos el protagonizado el año pasado, en Santiago, por el vicecónsul Eduardo Miguel Villamán Fadul, cuyo lenguaje estuvo lejos de ser diplomático contra los agentes que le advirtieron de que se había saltado la luz roja del semáforo.
Villamán Fadul no solo agredió verbalmente a los facultados para imponer la ley en calles y avenidas de la ciudad, sino también físicamente al pasarle las gomas delantera de su yipeta sobre el pie derecho de uno de los agentes.
“Buena mierda, usted es un mojón y usted es otro mojón, coño. Quita el celular de mierda y deme el nombre suyo. Usted no sabe con quién se mete”, vociferaba el funcionario diplomático de mal humor y mientras forcejeaba con los miembros de la AMET.
A Villamán Fadul, quien es sobrino del ministro José Ramón (Monchy) Fadul, el juez Nobel Gil, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, le impuso una garantía económica de RD$300 mil, así como presentación periódica ante las autoridades al final de mes.
La medida le fue impuesta a petición del Ministerio Público de Santiago después de la presión que se generó en los medios, debido a que el agente agredido, Vidal Reyes Batista, desistió presentar querella en contra del funcionario.