Jueza Kenya Romero sigue adelante con el conocimiento del caso Operación Coral 5G

Los incidentes planteados por los abogados del general Julio de los Santos Viola no lograron impedir que la magistrada Kenya Romero iniciara ayer el conocimiento de la medida de coerción a los altos oficiales de los cuerpos castrenses implicados en la red de corrupción desmontada en la Operación Coral 5G.

El abogado Julio Cury, representante del general De los Santos Viola, solicitó a la magistrada inhibirse del proceso hasta que la Corte de Apelación decidiera una querella penal que depositaron en contra de ella. Sin embargo, la jueza rechazó la inhibición y ordenó continuar con la audiencia, momento que aprovechó la defensa para recusar por segunda vez a la juzgadora.

Esta acción generó la oposición de los abogados de los demás imputados en el proceso, quienes solicitaron que le conozcan la medida de coerción aparte al general De los Santos Viola, como una salida para que su proceso pudiera avanzar.

La magistrada acogió esta solicitud y ordenó separar la coerción del general De los Santos Viola y continuó con la coerción contra los restantes imputados del expediente Coral 5G.

Los abogados defensores que se opusieron a la recusación argumentaron que sus clientes tienen derecho a que su proceso se conozca en un plazo razonable.

Se recuerda que el martes pasado la Corte de Apelación había ratificado a Kenya Romero para el caso Coral 5G, luego de que fuera recusada en una primera ocasión por el mismo general que consideraba la jueza estaba contaminada, debido a que fue la que emitió las ordenes de arresto y allanamientos de este caso.

Las imputaciones

De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los generales de las instituciones castrenses apresados en la Operación Coral 5G, crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones militares para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, se realizaban cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

Además, establece el expediente que asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para operaciones de inteligencia, valores que supuestamente eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), y otras instituciones estatales.

Otra de las características de la red, de acuerdo con el expediente, es que nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.

“La investigación realizada por el Ministerio Público hasta el momento, ha demostrado que esta red criminal ha estado haciendo maniobras para distraer los bienes adquiridos producto de los delitos imputados, sobre todos los bienes inmuebles, así como la ocultación de pruebas relevantes para la investigación, por igual ha estado haciendo maniobras para que informaciones relevantes no lleguen a las manos del Ministerio Público, por igual ha intimidado a testigos para que no declaren, bajo el argumento: ‘No se metan con los guardias’”, indica el expediente.

Los imputados

Por el caso Coral 5G está sometido un grupo de altos oficiales entre los que figuran los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como el capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

La coerción

Los presentantes de la Procuraduría están solicitando que a los imputados se les impongan 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo. Mientras que los abogados han dicho que sus clientes son inocentes y solicitan la libertad pura y simple.