Jueza fallará el lunes solicitud de coerción a imputados en Operación Coral

Después de tres días de audiencia, la jueza Kenya Romero terminó de conocer este viernes la medida de coerción en contra de los implicados en el entramado de corrupción Operación Coral y dará a conocer su decisión el próximo lunes.

Kenya Romero valorará las pruebas presentadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y las garantías presentadas por los imputados, a fin de decidir si impone la prisión preventiva, como solicita el Ministerio Público, para el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, la asimilada policial Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y contra Alejandro Montero Cruz.

La audiencia fue fijada para las 11:00 de la mañana.

En el caso de Raúl Alejandro Girón Jiménez, el Ministerio Público solicitó que se le impusieran arresto domiciliario por su protección, luego de las comprometedoras declaraciones que ofreció durante su testimonio, con las que dejó al descubierto cómo, supuestamente, operaba la red delictiva que tenía entre sus cabezas a Cáceres Silvestre y a Rossy Guzmán Sánchez.

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso pidió que el domiciliario donde sea arrestado Raúl Alejandro Girón Jiménez sea considerado clasificado o confidencial, dado el peligro a su integridad, luego de haber expuesto ante el tribunal, en forma amplia y detallada, cómo operaba la red de corrupción que distrajo millones de pesos de los contribuyentes.

De su lado, el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, uno de los principales imputados en la Operación Coral, manifestó su “sorpresa” e “indignación” por las declaraciones de Girón Jiménez.

Aseguró que Girón Jiménez levantó calumnias y maledicencias “que no guardan relación con la realidad” sobre el caso de corrupción investigado por el Ministerio Público en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).

El grupo cumple mañana sábado dos semanas detenido. Esto después de los más de 27 allanamientos a las empresas y residencias que alegadamente forman parte del entramado.

De acuerdo con el Ministerio Público los imputados conformaron un entramado corrupto en el que hurtaban el dinero del erario público usando iglesias e instituciones castrenses, además de la Policía Nacional.