Informe del Departamento de Estado de EE.UU. critica decisión de jueces dominicanos sobre casos de corrupción
SANTO DOMINGO. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló este viernes en su informe anual en materia de Derechos Humanos relativo al año 2016, que “el problema más grave de derechos humanos era una discriminación generalizada contra los migrantes haitianos y sus descendientes” y además criticó la decisión de la justicia dominicana en torno a los casos de corrupción.
En materia de corrupción, indica que el gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero no hubo informes generalizados de la impunidad y la corrupción oficial, especialmente en relación con los funcionarios de rango superior.
Y que “el poder judicial desestimó de forma rutinaria los casos de corrupción de alto nivel durante cinco años del presidente Medina en el cargo. La corrupción del poder judicial era también un problema grave”.
Sobre la discriminación, el informe se retrae a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2013, la que dejaba claro las bases de la nacionalidad dominicana.
Otros problemas de derechos humanos que el informe señala sobre la República Dominicana son “los homicidios extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, las condiciones de hacinamiento en las cárceles y peligrosamente deficientes, arresto y detención arbitrarias, la detención preventiva prolongada, débil estado de derecho, y la impunidad de la corrupción. También hubo informes de violencia crónica contra la mujer, incluida la violencia doméstica, la violación, y el feminicidio; trata de personas; la discriminación contra las personas por su orientación sexual o identidad de género; y la aplicación inadecuada de la legislación laboral”.
La República Dominicana es una democracia constitucional representativa. En mayo los votantes eligieron a Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como presidente para un segundo mandato de cuatro años. los observadores externos imparciales evalúan las elecciones de libres y ordenada a pesar de los fracasos en la implantación de un nuevo sistema de votación electrónica.