Identifican bienes que habrían sido adquiridos por actos de corrupción y que el Gobierno debe recuperar

Comienzan a llegar denuncias sobre bienes propiedad del Estado en manos de particulares para que la comisión de abogados nombrada por el Poder Ejecutivo analice y proceda, en caso de que lo determine, para su recuperación.

El dirigente político, Guido Gómez Mazara, depositó por ante el despacho del Consultor Jurídico de la Presidencia y coordinador general de la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos al Estado, una relación de transacciones inmobiliarias realizadas por exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que a su consideración entran en el marco de ser transparentadas y de encontrar indicios de ilegalidad, ser devueltas al patrimonio estatal.

Entre los bienes identificados por Mazara figuran el apartamento ubicado en el 12E de 135W 52St en Manhattan, Nueva York, adquirido por la sociedad Baker Street Financial, INC rastreado y documentado vía el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht; la casa registrada en el Residencial Don Bartólo, calle Chefito Batista, provincia La Vega; cuatro solares y su respectiva edificación en el Residencial Colinas del Oeste; la compra del local de la Embajada Dominicana en ciudad Panamá, ubicada en la calle 50 con calle 56/ edificio F/F (El Tornillo) piso 26, C/D Marbella y la adquisición del inmueble y solar establecido en la calle Bau número 4, del Sector Los Cacicazgos, Santo Domingo.

El denunciante estableció que las operaciones inmobiliarias descritas y sometidas oficialmente a la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos al Estado están asociadas con los señores Andrés Dauhajre; Julio César Correa, exdirector de Edenorte; el mayor General Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Robert de la Cruz, exasistente especial de Medina y la gestión de Miguel Vargas Maldonado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Señaló que las operaciones señaladas por él a la Comisión de Recuperación pueden ser detectadas con bastante facilidad y los rastros conducen al establecimiento de responsabilidades respecto de sus autores, compañías e ingresos formales que, en un altísimo porcentaje, los salarios formales de los ex funcionarios no pueden justificar las adquisiciones inmobiliarias, de ahí la necesidad de proceder legalmente previo una rigurosa investigación.

Al remitir la comunicación, el político y exmiembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dijo que no tiene ningún interés en que su iniciativa caiga en los ámbitos de la Ley 302-64 sobre Honorarios de Abogados sino que parten del firme convencimiento de que los ciudadanos “tenemos que contribuir con el adecentamiento de la vida nacional y reconstrucción de la credibilidad de un sistema político que no genera consecuencias penales a los que transforman dinero público en patrimonio privado”.