Gobierno apoyó a pastora Rossy hacer operativos en la campaña
Inespre y Presidencia contribuyeron con la pastora y con su iglesia
La pastora Rossy Guzmán no solo tenía vínculos en el ámbito militar y policial, también realizaba obras sociales con apoyo de instituciones gubernamentales durante el período electoral.
A menos de tres meses de celebrarse las elecciones municipales que estaban programadas para febrero de 2020, la pastora desarrolló una serie de actividades que contaron con el apoyo del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y el Plan Social de la Presidencia de la República.
Solo en noviembre del año 2019, durante dos días consecutivos, en la avenida Nicolás de Ovando entre las calles 38 y Ortega y Gasset del sector de Cristo Rey, el Inespre instaló un mercado de productos al que acudieron miembros de la iglesia Shalom Tierra de Paz de la pastora Guzmán, así como residentes de la zona.
La actividad, según refleja la entidad en su página oficial, estuvo encabezada por el director del Inespre, Jorge Zorrilla Ozuna y la pastora Rossy Guzmán.
En ese mismo mes, la pastora, a nombre de la Iglesia Shalom Tierra De Paz/Festival de Promesa recibió del Departamento de Ayudas sociales de la Presidencia, 1500 mosquiteros y 100 colchonetas.
La pastora, a la que señalan como parte de una red de corrupción encabezada por el exjefe de seguridad de la Presidencia de la República, el general Adán Cáceres, aparece como titular de once entidades, entre ellas: fundaciones sin fines de lucro, negocios de préstamos, producción y crianza de todo tipo de animales, bienes raíces, salón de belleza, comercio, y hasta una liga deportiva, entre otros.
En la denominada Operación Coral fueron apresados el general Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez, la pastora Guzmán Sánchez, su hijo, Tanner Antonio Flete Guzmán, así como Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción, así como porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
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