General Torres Robiou tiene siete años al frente del Cestur, entidad involucrada en Operación Coral

El general de brigada Juan Carlos Torres Robiou tiene siete años al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), entidad que, según el Ministerio Público, fue utilizada por los imputados en la Operación Coral para nombrar a cientos de policías y militares de manera fraudulenta, entre otras acciones.

Aunque no figura como imputado en el entramado de corrupción, Torres Robiou es mencionado en el expediente acusatorio contra los implicados en la supuesta red que alegadamente encabezaba el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre.

De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, el general Juan Carlos Torres Robiou tiene alquilado por 3,000 dólares mensuales un inmueble ubicado en El Portillo, provincia Samaná, registrado a nombre de Único Real State e Inversiones SRL, empresa investigada en la Operación Coral. El Ministerio Público consideró como situación “en extremo sospechosa” que el alto oficial tenga rentado un inmueble por un monto cuantioso para usarlo esporádicamente.

A pesar de que el director general del Cestur ha sido mencionado en la Operación Coral, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, no se ha referido al tema, como lo ha hecho en otros casos que han involucrado a funcionarios del Gobierno.

El general de la Fuerza Aérea Dominicana fue designado como director general del Cestur en agosto del 2014, bajo la administración del expresidente Danilo Medina. Permaneció durante los dos periodos del exmandatario y fue ratificado en su cargo por el presidente Luis Abinader, contrario a lo que generalmente se estila en los cambios de gobierno.

Ante el escándalo que ha generado el desmantelamiento de lo que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) denomina como una “organización criminal”, el general piloto puso su cargo a disposición del presidente Luis Abinader Corona, mediante una misiva dirigida este miércoles al ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa.

Torres Robiou dice que tomó esta decisión “con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación que tiene en curso”, refiriéndose a la Operación Coral. “Si bien no en mi contra esa investigación, es de conocimiento público que aborda algunos servidores de esta institución, cuya reputación estamos todos en el deber de proteger”, dice la misiva.

¿Cómo se involucra al Cestur en la Operación Coral?

Según el Ministerio Público, parte de los más de RD$3,000,000,000 millones sustraídos desde agosto del 2012 por los implicados en la red debió ser destinada a gastos de operaciones de inteligencia del Cestur. Además, al grupo se le acusa de nombrar a cientos de policías y militares en el Cestur y el Cusep, con sueldos de entre 20 y 70 mil pesos, montos de los que los designados “solo recibían un porcentaje” y el restante debía ser depositado a la red.

“Igual se distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia. La diferencia entre lo pagado y la dádiva iban a distintos miembros de la organización, quienes debían entregarlos a los miembros de la organización en las formas que se detallan en los depósitos y transacciones de la presente solicitud de medida de coerción. Otras de las modalidades en la que la red obtenía fondos era a través de las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado”, destaca el expediente.

La acusación del Pepca cita que en el pasado mes de febrero de este 2021, la red logró obtener, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), la cantidad de 1,271,100, recursos que se distribuyeron de la siguiente manera: al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre RD$234,000.00; al exsubjefe de la Policía Nacional, Neybi Pérez Feliz, RD$100,000.00; a Rafael Núñez de Aza, en las siguientes partidas le fue entregada RD$308,600.00; RD$101,000.00); RD$58,000.00; RD$79,500.00, RD$200,000.00 y una última de RD$199,000.00).

Miembros del Cestur imputados en la Operación Coral

El coronel Rafael Núñez de Aza era el cerebro financiero del entramado corrupto organizado por Adán Cáceres para defraudar dinero del erario público, según el Ministerio Público.

Conforme establece el expediente, el oficial de la Policía Nacional se desempañaba como encargado financiero del Cusep y del Cestur, lo que le permitía al imputado Adán Cáceres mantener un control discrecional y poco estricto de los fondos que administraba, los cuales ascendieron a unos RD$3,000,000,000 durante los ocho años de gestión al frente del Cuerpo de Seguridad Presidencial.

Mientras que el teniente coronel de la Policía, Raúl Alejandro Girón Jiménez se encontraba asignado al Cestur, donde se desempeña como director de Tecnología y Comunicaciones hasta que se produjo su apresamiento el sábado 24 de abril. Además, era programador de nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial.

El imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez realizaba compras de inmuebles a nombre propio y suscribía préstamos ficticios a miembros del entramado, según el expediente, que cita la compra por D0P$7,634,231.40 del inmueble que tiene alquilado el general Torres Robiou en el Condominio Balcones del Atlántico, en Samaná.

Otros implicados

Del entramado de corrupción desmantelado bajo la Operación Coral, las autoridades sindican como cabecilla al mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, quien realizó transacciones en efectivo por más de 52 millones de pesos en cinco años, suma que el Ministerio Público califica de producto de actos ilícitos, tomando en cuenta los salarios que el militar devengaba.

El militar también fue apresado el sábado, al igual que la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, acusada de ser la testaferro y prestanombres de Cáceres Silvestre.

Asimismo, se encuentran detenidos el cabo de la Policía, Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora, y el sargento de la Armada Dominicana, Alejandro José Montero Cruz.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa al grupo de ocultar, disimular y encubrir el origen ilícito de fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada acciones y omisiones al más alto nivel.

Según la solicitud de medida de coerción, “los imputados crearon un entramado militar-policial, societario y religioso como un mecanismo de utilizar y ocultar sus objetivos reales para granjearse una aceptación social a través de dádivas que no representaban cantidades de mayor importancia frente a los al menos tres mil millones que obtuvo el entramado”.