Francisco Pagán venía registrando cuestionamientos públicos
Fue apresado por la Procuraduría que persigue la corrupción administrativa
Francisco Pagán, uno de los exfuncionarios apresados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estuvo al frente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), desde el año 2015, cuya gestión fue cuestionada por alegadas irregularidades.
Pagán fue designado como director ejecutivo por el entonces presidente Danilo Medina, mediante el decreto número 236-15, del 3 de agosto del 2015.
Este sábado 28 de noviembre, habría sido interrogado por la Pepca y, anteriormente, en otras dos ocasiones. Los interrogatorios en su oportunidad lo realizaron el director de la Pepca, Wilson Camacho, y Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución de la Procuraduría General de la República.
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Al exfuncionario se le imputan alegadas irregularidades en su gestión en la Oisoe, así como no haber presentado su declaración jurada de patrimonio.
En septiembre del 2019, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) demandó que fuera auditada la reconstrucción del Hospital José María Cabral y Báez, de Santiago, por alegadas irregularidades en la obra.
En septiembre de este año, un grupo de miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), decidió también someterlo ante el Tribunal Disciplinario de ese gremio. Demandaban examinar sus ejecutorias como director de la Oisoe, por entender que afectaron a numerosos contratistas que llevan años reclamando la liquidación de deudas por concepto de trabajos ejecutados.
Mientras en agosto de este año, el ingeniero Miguel Liberato presentó una demanda en su contra por RD$50 millones por presuntos daños patrimoniales y perjuicios ocasionados con acciones de abuso de autoridad y negligencia respecto a los reclamos de pago de una deuda por concepto de trabajos ejecutados en la terminación de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Mao.
La demanda fue depositada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
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