Esperanzas de la familia Rosario no se marchitan; otro día de protesta ante el Palacio Nacional

Bajo una llovizna, con una expresión escéptica en el rostro y paquetes de papeles en las manos, una multitud de personas, todos de apellido Rosario, inauguró el gobierno de Luis Abinader con su primera protesta frente al Palacio Nacional. Exigen al presidente intervenir para entregarles una astronómica suma de dinero, supuestamente traída a bancos dominicanos y distraída por gobiernos pasados.

Caminaron por la avenida Doctor Delgado hacia abajo, hasta una cerca previamente instalada por la Policía, en la avenida México, quedando frente a una esquina de la casa de gobierno, donde se mezclaron con las mujeres vestidas de verde que luchan por la inclusión de tres causales para permitir el aborto en el Código Penal.

Tres autobuses articulados, tipo oruga, de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) quedaron varados en medio de la protesta por un buen rato, teniendo sus pasajeros que abandonarlos y recurrir a otros medios para continuar su ruta.

El Palacio estaba vacío, pues el presidente y la vicepresidenta participaban en un evento en el Teatro Nacional. Tampoco la prensa le prestó mucha atención, ya que andaba detrás del jefe del Estado. Unos tres periodistas grababan sus declaraciones.

El conflicto ha evolucionado y ahora se acusa de estafa a quien fuera líder de su lucha y representante legal: el abogado Johnny Portorreal. Lo culpan de “negociar con las autoridades para apropiarse de un depósito de 1 billón, 42,166 millones de pesos enviados al país desde bancos suizos, y de quedarse con decenas de millones de pesos que tomó prestado a miembros de la propia familia”.

Cuando se cuenta bien, la historia resulta verosímil. Con un dosier de documentos muestran una lista de acciones propiedad de Jacinto Rosario en la mina de la empresa Rosario Dominicana, cuentas abiertas en Banreservas a los beneficiarios para cuando llegase el dinero y un acto notificando que la cantidad de herederos es de 28,191.

Ante la negativa de recibirles una carta enviada con una comisión al Palacio Nacional, amenazan con actos violentos en todo el país, y otras advertencias contra Portorreal. Para él piden la acción de la justicia, que ya abrió una investigación.

Unas 138 personas se querellaron en la Fiscalía del Distrito Nacional contra Portorreal, pero la familia Rosario y el Ministerio Público van tras objetivos diferentes.

Mientras las autoridades buscaban demostrar la falsedad de toda la historia en beneficio de las víctimas del supuesto fraude, ellos solo quieren procesar a Portorreal por confabularse para supuestamente quedarse con el dinero de una herencia, de cuya veracidad, están convencidos.