El discurso del procurador

SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, pronunció pasadas las 11 de la mañana de hoy, un discurso en el que enumeró algunas de las medidas que gestionó el cuerpo judicial que dirige, y se refirió a la trascendencia que reviste para él como alto magistrado de la nación, y para el país en general, el proceso que acaba de comenzar. Diario Libre pone a disposición de sus lectores el texto íntegro de la alocución que el representante del Ministerio Público pronunció en la Procuraduría General de la República.

“El día 21 de diciembre de 2016 el mundo entero se despertó con la noticia de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia, con epicentro en Brasil y ramificaciones en una docena de países, entre ellos República Dominicana.

Ese día, tuvimos conocimiento de que la empresa Odebrecht había admitido haber entregado sobornos a funcionarios y empresarios de la República Dominicana por una cifra que superó los 92 millones de dólares desde el año 2001 hasta el año 2014.

En mi primera comparecencia pública sobre el caso, apenas unos días más tarde, me comprometí frente a la ciudadanía y les dije textualmente: “todo funcionario que se compruebe que haya recibido sobornos o algún beneficio directo o indirecto será sometido a la acción de la justicia sin importar de quien se trate ni en qué periodo de gobierno haya trabajado”.

Hoy, cumplo con la palabra dada. Comparezco ante ustedes, tal como les anuncié recientemente, para informales que hemos solicitado órdenes de arresto en contra de todas y cada una de las personas citadas en los documentos de la empresa Odebrecht y del Ministerio Público de Brasil, sin excepción.

En total hemos sometido a la justicia catorce personas, en lo que podemos calificar como un hecho sin precedentes en nuestro país, si tenemos en cuenta los montos involucrados, la multiplicidad de presuntos delitos y de actores, así como las posiciones de poder que han ocupado los involucrados.

Cada una de estas personas están siendo sometidas a la justicia, por haber cometido presuntamente todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conforme lo establecen los artículos 2 y 3 de la ley 448-06 sobre soborno; los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal; los artículos 2 y 7 de la 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio que era norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos; y los artículos 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos.

Estas personas a las que me refiero, y que actualmente se encuentran detenidos o en proceso de detención, son, por orden alfabético:

1. Alfredo Pacheco Osoria, actual Diputado de la República desde el año 2016, y anterior miembro de la Cámara de Diputados del año 1994 al 2006, período en el que ostentó su Presidencia por 3 años, del año 2003 al 2006;

2. Ángel Rondón Rijo, representante comercial de la Constructora Norberto Odebrecht desde el año 2001 hasta la fecha, identificado como el intermediario a través del cual se concretizaron los sobornos en la República Dominicana;

3. Bernardo Antonio Castellanos de Moya, director de proyectos hidroeléctricos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana del año 2000 al 2004;

4. César Domingo Sánchez Torres, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 2000 al 2002 y luego Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales del año 2002 al 2004;

5. Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, abogado, representante de la sociedad Newport Consulting LTD

6. Juan Roberto Rodríguez Hernández, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados del año 2002 al 2004;

7. Juan Temístocles Montás Domínguez, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 1996 al 2000; Secretario Técnico de la Presidencia del año 2004 al 2007, Ministro de Economía Planificación y Desarrollo del 2010 al 2016 y actual Ministro de Industria, Comercio y Mipymes;

8. Julio César Valentín Jiminián, actual Senador de la República desde el año 2010; y anterior miembro de la Cámara de Diputados del año 1998 al 2010, periodo en el que ostentó la Presidencia de dicha Cámara por 4 años, del año 2006 al 2010;

9. Máximo Leónidas De Oleo Ramírez, administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana del año 2000 al 2004;

10. Porfirio Andrés Bautista García, Senador de la República del año 1994 al 2010 y quien ocupó la Presidencia del Senado por 5 años, del año 2001 al 2006;

11. Ramón Radhamés Segura, Administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 1998 al 2000, y Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales del año 2004 al año 2009;

12. Ruddy González, Diputado de la República del a?o 2002 al 2016 y miembro de Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputado durante los años 2010 y 2016;

13. Tommy Alberto Galán Grullón, miembro de la Cámara de Diputados del año 2002 al 2006, actual Senador de la República desde el año 2006 y miembro de su Comisión de Hacienda durante casi 10 años, del 2006 al 2014 y del 2016 a la fecha;

14. Y por último, Víctor José Díaz Rúa, Director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados del año 2004 al 2007 y Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del año

2007 al 2012.

Como podrán comprobar en los documentos que estarán a la mayor brevedad posible disponibles en el portal del Ministerio Público de Brasil, al cual por razones de oportunidad y transparencia hemos colocado un enlace directo desde nuestra página web, podrán ver que están todos los que son y son todos los que están.

Sin embargo, es importante explicar también que no en todos los casos el modus operandi fue el mismo, ni todos ellos participaron de los mismos hechos o en el mismo período de tiempo. Cada caso, aunque todos están relacionados con el entramado general de sobornos y corrupción orquestado por Odebrecht, tiene sus particularidades.

A continuación, pasaré a explicarles los próximos pasos que llevará este proceso.

Los imputados sin inmunidad parlamentaria se encuentran actualmente bajo arresto o en proceso de arresto, a solicitud de la Procuraduría General de la República, teniendo en cuenta que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de perseguir y someter a la justicia, como estamos haciendo. Sin embargo, a partir de ahora está en manos de los jueces aceptar o rechazar nuestra solicitud. Dicho de otra forma: son los jueces quienes van a decidir si luego de que los hemos apresado, los dejan o no en libertad.

Les informo asimismo que el proceso judicial del caso Odebrecht deberá ser conocido por la Suprema Corte de Justicia, dado que algunos de los implicados son senadores, diputados y ministros activos, a quienes nuestra Constitución, en su Artículo 134, otorga un privilegio de jurisdicción. Por tanto, conforme a la Ley, debe ser la Suprema Corte de Justicia quien juzgue a todos los imputados con jurisdicción privilegiada, arrastrando a esa alta Corte a los demás imputados.

A partir del día de mañana esperamos que se conozcan las medidas de coerción que corresponden a los imputados.

Por la gravedad de los hechos, el Ministerio Público está solicitando para todos ellos una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva.

Ya ha sido apoderado un juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia que conocerá nuestra solicitud y será el encargado de decidir si le confirma a los imputados la prisión preventiva que hemos solicitado, si por el contrario los deja en libertad mientras la investigación continúa, o si establece otra modalidad de coerción.

Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que levante la inmunidad parlamentaria de los legisladores que el Ministerio Público y la misma empresa Odebrecht señalan que han recibido sobornos.

Asimismo, les informo que, por las características del caso, hemos solicitado la declaratoria de complejidad judicial.

Esto nos permitirá tener mayores medios de prueba y un plazo razonable para profundizar las investigaciones.

Señoras y señores,

Como saben, y pueden ahora comprobar a la luz de los hechos, desde el pasado 21 de diciembre hemos trabajado sin descanso, de manera firme y rigurosa, para que el pueblo dominicano conozca la verdad y para que se haga justicia.

A estos fines, formamos un equipo multidisciplinar con expertos de la propia procuraduría y técnicos independientes, asesores externos, fiscales y procuradores, junto al equipo de la Magistrada Laura Guerrero y la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa, contando además con la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Ministerio Público de Brasil.

En total, más de veinte especialistas en distintas áreas estuvieron cientos de horas trabajando sin descanso para poder presentar hoy, en su fase preliminar, un caso sólido y sin fisuras.

Este es sin duda un caso complejo, con muchísimas ramificaciones y que involucra una importante cantidad de contratos: 17 obras realizadas a lo largo y ancho del país por más de trece años, con decenas de personas responsables.

Quiero que sepan que durante estos 6 meses escuché con atención todos sus reclamos de justicia y los comprendía, por supuesto.

Nuestro empeño durante estos meses ha sido llevar a cabo nuestra labor con la máxima responsabilidad y seriedad, debiendo además mantener la prudencia y discreción en todo momento para no perjudicar los resultados. Esa es la única razón por la que no me fue posible en muchas ocasiones responder a sus preguntas.

Primero, porque la Constitución y nuestras leyes lo prohíben; y segundo, para no alertar a los hoy imputados sobre la profundidad de la investigación y que así, dificultaran nuestro trabajo.

Porque en un Estado de Derecho no son suficientes los indicios para llevar a alguien a prisión, hacen falta pruebas.

Y estábamos decididos a encontrarlas y a llevar este asunto hasta el final, a pesar de que algunas de las obras investigadas se realizaron hace ya bastantes años.

Hoy, superada ya esa primera etapa de investigación y finalizados los debidos procedimientos, por el soberano derecho a la información que tienen todos los ciudadanos, me dispongo a explicarles de forma clara y detallada cómo se llevó a cabo esta investigación desde diciembre hasta la fecha.

Empezaré por decirles que desarrollamos esta investigación siguiendo dos líneas de trabajo: una externa y otra interna.

La externa se basaba en la cooperación internacional, tanto con las autoridades de Brasil como de Estados Unidos.

Tras conocerse el escándalo, en menos de 48 horas ya estábamos solicitando a Brasil por vía oficial su cooperación formal.

Recordemos en este punto que el acuerdo que las autoridades brasileñas habían firmado con la empresa Odebrecht incluía cláusulas de confidencialidad que establecían que no podían facilitar a ningún otro país afectado la documentación hasta el próximo mes de junio. Esta fecha de Junio, aún está por verse para los países que no hayan firmado acuerdo de colaboración con Odebrecht, tomando en cuenta que hace apenas unos días el Ministerio Público de Brasil ha iniciado un proceso judicial para extender ese plazo de confidencialidad, el cual no aplica a la República Dominicana gracias al citado Acuerdo de Colaboración.

En nuestro caso, necesitábamos documentos certificados, legalizados y apostillados con valor para ser presentados ante los tribunales. Esperar al indeterminado fin de la confidencialidad en Brasil, asumiendo que esta finalizara en junio, hubiera generado que recibiéramos la información quizás en agosto o septiembre, mientras se agotaba el trámite burocrático de entrega y legalización de esos documentos.

Para agilizar ese proceso y poder estar hoy frente a ustedes con resultados concretos, se requería la firma de un acuerdo de colaboración de nuestro país con Odebrecht. Sin el acuerdo, todo habría sido más lento y más difícil.

Así lo hicimos, y puedo afirmar que en nuestro caso logramos términos mucho mejores que los Estados Unidos, Suiza y Brasil.

Además de la agilización en la entrega de documentos claves en poder de la empresa y las autoridades brasileñas, conseguimos que la empresa también pague una multa de 184 millones de dólares.

Eso es el doble de la cantidad destinada a los sobornos dentro de nuestras fronteras, es decir, la sanción máxima estipulada por nuestra legislación para una persona jurídica.

Asimismo y siendo esto lo más importante de este acuerdo de colaboración, en adición a los documentos entregados y la indemnización impuesta a Odebrecht, durante el proceso de investigación que se desarrolla, la empresa estará obligada a continuar colaborando con el Ministerio Público supliendo las pruebas necesarias para fortalecer el caso y así lograr condenas.

Les recuerdo asimismo que, tal como les prometimos, tan pronto este acuerdo fue homologado por el juez competente, publicamos el texto íntegro del mismo en nuestra página web, para conocimiento público.

Estimados señores, Por supuesto, mientras esto ocurría no nos quedamos de brazos cruzados esperando la información de Brasil. Por el contrario, desde el día uno y de forma paralela, desarrollamos nuestra segunda línea de trabajo, la interna, para descubrir cómo operaba el sistema de sobornos de Odebrecht en nuestro país.

Debemos recordar que en este esquema de corrupción participaron tres tipos de sujetos: primero, la empresa; segundo: los empleados de la empresa y tercero: los empresarios, funcionarios, ex funcionarios y congresistas locales.

La empresa Odebrecht, como ya hemos visto, fue sancionada con la máxima indemnización que estipula nuestra legislación.

Respecto a sus empleados, se aplica el principio “non bis in ídem”, que impide juzgar a una misma persona dos veces por el mismo delito. Esas personas están siendo juzgadas o han sido condenados en Brasil por estos hechos. Es el caso, por ejemplo, del ex representante de la empresa en República Dominicana, Marcos Cruz, quien está siendo procesado en Brasil para recibir una condena de 8 años.

Esto nos deja pendientes de investigar al tercer grupo, funcionarios, ex funcionarios públicos, empresarios, y congresistas o cualquier persona que hubieran entregado o recibido los sobornos.

Iniciamos así el proceso de levantamiento, logrando identificar en diversas obras realizadas decenas de irregularidades de carácter administrativo. Esto, además de ser ilegal, constituye una legítima sospecha de que parte de estos funcionarios habían violado la ley por los sobornos que Odebrecht les entregaba.

Pasamos entonces a interrogar a los responsables de Odebrecht en el país, a empresarios y a distintos funcionarios que, por su cargo, pudieran haber tenido alguna relación con las obras que realizó la constructora en esos años. Completamos así más de 35 interrogatorios para llegar al fondo de este complejo caso.

Vale recordar que esta Procuraduría interrogó así a funcionarios de distintos gobiernos y distintos partidos, sin importar su bandera o su rango, en busca de la verdad.

La investigación se complementó con el análisis de las declaraciones juradas de bienes de los sospechosos, depositadas en la Cámara de Cuentas, de sus movimientos bancarios a través de la Superintendencia de Bancos, de sus propiedades inmobiliarias ante el Registro de Títulos, de sus bienes muebles y otras propiedades ante la Dirección General de Impuestos Internos y de sus compañías ante las Cámaras de Comercio y Producción.

También solicitamos y recibimos decenas de informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), logrando de esta forma tener en nuestras manos documentos que nos permiten demostrar en los tribunales que los imputados habían formado un patrimonio que no correspondía con los ingresos que generaban como funcionarios públicos.

Llegamos así al momento actual, cuando convergen nuestras dos líneas de investigación.

El día 17 de mayo recibimos los documentos pendientes que Brasil nos envió de manera anticipada gracias al acuerdo de colaboración suscrito.

Documentos con los que complementaríamos nuestras investigaciones realizadas en el interior del país.

Se completaba así un fuerte conjunto de evidencias que demostraban quiénes recibieron los sobornos y en qué contexto lo hicieron.

Todo este inmenso y complejo trabajo confirmó la tesis inicial: que durante más de 13 años, algunos funcionarios y empresarios en complicidad con la empresa Odebrecht, se enriquecieron de forma ilegal con el dinero de todos los dominicanos.

Unos hechos extremadamente graves. Más si cabe, al tratarse en buena parte de servidores públicos, a quienes el pueblo dio su confianza.

Dominicanos y dominicanas,

Como ven, aún tenemos por delante un largo camino y un arduo trabajo.

Sin embargo, la magnitud de este reto no nos amedrenta, por el contrario, nos da energías renovadas y vigor para seguir trabajando.

Llegamos a esta batalla con la confianza de estar haciendo lo correcto y con la tranquilidad de estar cumpliendo nuestra labor con la máxima responsabilidad.

Durante seis meses hemos preparado un expediente, riguroso y más que suficiente y completo para esta primera fase del proceso.

Contamos, por supuesto, con los testimonios de los empleados de Odebrecht que señalan a estas personas como implicados en los sobornos.

Pero también, y esto es de gran relevancia, la Procuraduría ha podido comprobar y documentar esas afirmaciones para diversas personas gracias a su propia investigación, tal como les detallé anteriormente.

Con la investigación que realizamos contamos con indicios serios y graves para sostener que no solo se han violado diferentes leyes, sino que, además, hay personas que tienen patrimonio proveniente de actividades ilícitas.

A partir de ahora, confiamos en que el Poder Judicial haga su parte y ratifique todos y cada uno de los pedimentos que le realiza este Ministerio Público.

Les recuerdo que el Ministerio Público seguirá investigando antes de presentar formal acusación contra los imputados. Este plazo nos permitirá seguir profundizando el caso y quizás identificar otros delitos e imputados, tarea en la cual queremos que la sociedad dominicana también participen.

Para ello, y como forma complementaria de colaboración, por primera vez hemos habilitado un espacio de servicio en nuestra página web en el que, conforme lo contempla la ley, podremos recibir de toda la ciudadanía, de manera anónima, todo tipo de información certera y precisa, que pueda fortalecer nuestros expedientes. La ley de soborno, en su Artículo 9, garantiza la protección de las autoridades a todo aquel que de buena fe, denuncie este tipo de actos.

Desde ya, agradezco su colaboración y les invito a que sean parte activa de este proceso histórico.

El camino que tenemos por delante no será sencillo ni está exento de riesgos.

Pero para que esto sea posible, necesitamos que la ciudadanía nos acompañe y nos dé su apoyo. Porque la lucha contra la corrupción y la impunidad no ha terminado, ni mucho menos. Apenas iniciamos.

Por eso, me permito solicitarles que sigan atentos y vigilantes.

Acompañen el proceso y contribuyan a que se aplique todo el peso de la ley.

Les pido también que no se dejen confundir. Porque muchos tratarán ahora de generar dudas y sospechas, de restar credibilidad a las instituciones.

Seguramente algunos dirán que faltan nombres, otros dirán que sobran, aducirán que nos mueve este o aquel motivo,...Dirán cualquier cosa y tienen poder y dinero para generar esa percepción en la opinión pública, por todos los canales a su alcance.

Pero les puedo asegurar que no tienen razón. Como no la tuvieron a lo largo de todos estos meses. Y la mejor manera de comprobar que les digo la verdad, es que a la mayor brevedad podrán ustedes mismos revisar todos los documentos publicados por Brasil y hacerse su propia opinión. No dejen que otros les cuenten. Esa información es pública y la pueden ver ustedes mismos.

Ciudadanos y ciudadanas,

A todos los que nos pueden estar viendo les digo: pueden estar seguros, este procurador solo está comprometido con la justicia y con el pueblo dominicano. Y esos dos compromisos son ahora más inquebrantables que nunca.

Durante este tiempo no ha pasado un solo día sin que recordara las palabras que pronuncié cuando asumí el cargo y juré: “por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.

Les invito a que revisen, sin acaloramiento y a la luz de los acontecimientos que hoy conocen, cada uno de los pasos que he dado durante estos meses para llegar a los resultados que hoy les presentamos.

Comprobarán que en cada paso y en cada declaración les decía la verdad. Comprobarán que actuamos siempre con la máxima responsabilidad.

Y comprobarán, también, que la espera ha valido la pena.

Desde el primer día y la última vez hace tan solo una semana, les garanticé que habría consecuencias, que habría nombres y que habría sometimientos.

Hoy, son los hechos los que hablan y aquí estoy, como ven, cumpliendo con mi palabra ante todos ustedes.

Quisiera que esta prueba de mi respeto por la verdad y por la palabra dada, sirva para iniciar esta nueva etapa que hoy comienza en un clima de sosiego, confianza y respaldo hacia la institución que represento.

Perseguiremos hasta las últimas consecuencias que se condene a los culpables y que el pueblo dominicano pueda, de una vez por todas, ver saciada su sed de justicia.

Tengo fe en que este proceso servirá para fortalecer nuestras instituciones, para renovar la confianza de la ciudadanía y para comenzar una nueva etapa de esperanza y unión en nuestro país.

Por último, me gustaría dirigirme especialmente a los jóvenes, que son el futuro de este país. Como padre que soy, deseo y trabajo todos los días para conseguir una sociedad más madura, con una clase política a la altura, en el que la corrupción y la impunidad sean, cada vez más, cosas del pasado.

Sé que puedo contar con ustedes en esta misión. Les pido que no se rindan y que caminemos juntos.

Pueden contar conmigo.

Muchas gracias.

Que Dios los bendiga”.