Corrupción

Dos meses después no hay sometimientos en el caso Inaipi

La contratación por 100 millones de pesos, supuestamente fue sobrevalorada y se otorgó a una empresa específica

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A raíz del escándalo, siete funcionarios fueron destituidos del Inaipi y renunció Berlinesa Franco como directora. (Archivo / Diario Libre)

Las autoridades del Ministerio Público no han sometido a la justicia a ninguno de los siete funcionarios destituidos del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), esto a casi dos meses del escándalo por presunta corrupción en la licitación para la adquisición de kits alimenticios.

La licitación de 100 millones de pesos fue publicada a las 6:00 de la tarde del 31 marzo del año en curso y fue cerrado a las 9:00 de la mañana del día siguiente, según denunció el empresario Pablo Cabrera. Además aseguró que obtuvo pruebas de que se trató de una maniobra del Inaipi para favorecer con el contrato sobrevalorado a un proveedor específico.

Según explicó el empresario, los kits solicitados tienen un valor de 600 pesos. Pero, el proveedor que “ganó” los cotizó a 2,500 pesos cada uno.

La repercusión de la denuncia generó que el presidente Danilo Medina designara una comisión para elaborar un informe de la situación. Luego de sus indagatorias, establecieron que en el proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002 para la compra de 40,000 kits de alimentación “se cometieron violaciones flagrantes a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones”.

A consecuencia de esto fueron destituidos Ricardo Guzmán José Domínguez y a Mayra Martínez del departamento de compras del Inaipi. Además de son Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pietier, responsable de Acceso a la Información Pública.

El 14 de abril, la Procuraduría General de la República apodero la investigación del caso a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos y a Laura Guerrero Pelletier, encargada de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Desde entonces, se han realizado entrevistas a todos los señalados en el proceso e incluso al empresario denunciante, sin que se haya conocido de acciones contra ningunos de los mencionados.

Periodista en ejercicio desde el 2014. Ha ejercido la profesión en los principales medios impresos de la República Dominicana. Escribe sobre casos judiciales, derechos humanos, criminalidad y otras problemáticas sociales.