Contrario a otros países, República Dominicana no tiene apresados por caso Odebrecht
SANTO DOMINGO. Las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República a la constructora brasileña Odebrecht en el país han logrado establecer el pago de US$184 millones equivalente al duplo de los US$92 millones que la propia empresa reconoció haber pagado en sobornos, sin embargo, aún se desconoce a quiénes prevaricó y cuáles serán las sanciones judiciales que aplicarán las autoridades.
Hasta el momento solo se ha señalado al empresario Ángel Rondón como la persona que recibió dinero para el soborno, pero luego de que los representantes de la empresa extranjera negaran esta versión así como el referido empresario, el procurador Jean Alain Rodríguez no se ha referido al tema.
De acuerdo con la Ley 448-06 sobro Soborno en el Comercio y la Inversión, el sobornante, si es una persona física, será castigado con la pena de tres a diez años de reclusión, y condenado a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas u otorgadas y si es sea una persona jurídica, será condenado por un período de dos a cinco años, más la multa.
La primera fase de los interrogatorios concluyó sin detenciones, solo con la solicitud de documentos y un allanamiento al edificio donde opera la constructora.
Mientras en República Dominicana ciudadanos de diferentes sectores piden con protestas pacíficas que se aprese a quienes incurrieron en actos corruptos, en países como Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Panamá y Guatemala, donde iniciaron las investigaciones del caso conocido como Lava Jato, ya hay personas identificadas y sometidas a la justicia.
En Brasil guarda prisión el expresidente ejecutivo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quien fue condenado a 19 años y cuatro meses de cárcel.
Detuvieron además a Antonio Palocci, otro exministro clave del presidente Lula da Silva y Dilma Rousseff. La policía brasileña detuvo Palocci exministro de Hacienda, por sospechas de multimillonarias operaciones ilícitas relacionadas con la red de corrupción de Petrobras.
Es acusado de haber recibido sobornos del Grupo Odebrecht, una de las grandes constructoras involucradas en la trama de pago de sobornos para manipular licitaciones en la referida petrolera y desviar parte de lo recaudado hacia partidos políticos.
En Venezuela el pasado 26 de este mes, la Fiscalía ordenó la detención de una persona por su presunta vinculación con las irregularidades cometidas en contratos con la constructora brasileña. Es la primera detención por el caso que se produce en ese país.
El Ministerio Público solicitó el arresto de un ciudadano, y pidió a la Interpol su incorporación en el “código rojo” de personas solicitadas para lograr su extradición en el caso de que se encuentre fuera del país, dijo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien se abstuvo de dar la identidad y otros datos del solicitado.
En Perú, el 23 de este mes, se dictó prisión preventiva durante 18 meses contra el exfuncionario Edwin Luyo, quien fue el primer detenido en la investigación por la entrega de sobornos que hizo Odebrecht en ese país.
La decisión del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Ricardo Manrique, se tomó contra el exmiembro del Comité Especial de Licitación Pública de la Línea 1 del Metro de Lima, durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro confirmó que la información sobre Luyo se obtuvo gracias a un acuerdo alcanzado por el Ministerio Público con Odebrecht, que afirmó que el exfuncionario recibió “dos donativos” para favorecer a esa empresa en la licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
Según la Fiscalía de ese país, esos cobros se hicieron efectivos mediante dos depósitos por las sumas de 196 mil dólares, entregados el 11 de julio de 2013, y 304 mil dólares, entregados el 11 de abril de 2014, a través de empresas instaladas en “paraísos fiscales.”
El juez Manrique consideró que existe el peligro de fuga y obstaculización a la justicia por parte del acusado y ordenó su inmediato internamiento en una prisión.
Dos días después, las autoridades peruanas detuvieron a un funcionario del gobierno del expresidente Alan García vinculado con el pago de sobornos por parte de la empresa en cuestión para adjudicarse la construcción del metro de Lima.
Se detuvo a Miguel Navarro, relacionado con un soborno de 8.1 millones que Odebrecht admitió haber pagado como parte de un acuerdo con la justicia peruana.
También en Perú, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva para el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, por presuntamente recibir sobornos de la empresa brasileña.
El exviceministro salió del referido país el 24 de diciembre de 2016 y se pidió su captura internacional.
Según las investigaciones, Cuba recibió tres transferencias desde el exterior, a través del ‘offshore’ Hispanar International Corporation, llegando a la suma de US$2 millones.
En Colombia el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, fue enviado el 16 de enero a la cárcel la Picota, luego de haber aceptado los cargos imputados en su contra por hechos de corrupción durante la entrega de millonarios contratos de obra en el país a la firma brasileña Odebrecht.
Ante una juez de Paloquemao García aceptó su responsabilidad en los delitos en la celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito. Con ello recibirá una rebaja de hasta la mitad de la pena.
La Fiscalía colombiana tiene evidencia de que Gabriel García Morales exigió el pago de 6,5 millones de dólares para garantizar que Odebrecht fuera la única firma habilitada para la licitación del tramo dos de la Ruta del Sol, excluyendo a otros competidores, para que le fuera otorgada la concesión, como en efecto ocurrió”.
Mientras Panamá anunció la semana pasada la presentación formal de acusación contra 17 exfuncionarios y empresarios, entre ellos los hijos del expresidente Ricardo Martinelli; Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares; y a su hermano Mario Martinelli.