Consejo Poder Judicial se reserva fallo en caso disciplinario contra Awilda Reyes
Piden destitución e inhabilitarla por 5 años en servicios para el Estado
SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados aprobó ayer el informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2015 practicado por la Cámara de Cuentas a las entidades públicas, a pesar de la exposición disidente por parte de diputados de la oposición quienes observaron que la rendición da “señales claras de las debilidades en la contabilidad de los recursos del Estado Dominicano”.
Los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC) se abstuvieron de la votación que contó con 107 sufragios a favor.
El informe disidente presentado por los diputados del PRM, Rafael Ernesto Arias Ramírez y Víctor José D´Aza Tineo, el cual fue rechazado por el pleno, señala que supuestamente se hizo un “uso desproporcionado de los recursos del Banco de Reservas, sin que sea conocido por el congreso. Y las violaciones constantes a la ley de presupuesto, convirtiéndola en un marco de referencia para la ejecución, sin que tenga mayores consecuencias (sic)”.
Dicha observación se hace al analizar las amortizaciones correspondientes a una línea de crédito tomada por la Tesorería Nacional con el Banco de Reservas por un monto de RD$ 59, 563 millones, “la cual debió ser saldada antes de finalizar el período fiscal”.
“Al comparar la Amortización de Deuda Pública autorizada en el Presupuesto para todo el año 2015, por valor de RD$101,617.90 millones, con la ejecutada, ascendente a RD$328,226.40 millones, se apreció un incremento extrapresupuestario de RD$226,608.50 millones, superior en un 223 %”, sostiene el informe disidente.
Mientras, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas, Dilepcio Núñez, afirmó que este ha sido “el mejor informe” de ejecución presupuestaria que se ha hecho.. “Que nos paguen a los ingenieros, que nos paguen a los ingenieros”. Bajo esa consigna, un grupo de ingenieros, arquitectos y agrimensores demandaron ayer del gobierno el pago de RD$3,500 millones que aseguran les adeudan por concepto de obras construidas en diferentes puntos del país.
De ese monto hay RD$1,582 millones, unas 302 obras con las debidas certificaciones de las instituciones públicas deudoras y los restantes RD$1,918 millones (998) carecen de los documentos probatorios, debido a que las entidades estatales se niegan a expedir las constancias, en violación al libre acceso a la información.
“A nosotros no nos pagan desde hace 20 o 21 años. Unos 1,300 ingenieros estamos afectados, nos han quebrado”, explicó el ingeniero Aníbal Rincón.
Indicó que las obras pertenecen a los ministerios de Educación, Agricultura y Obras Públicas y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, entre otras.
De su lado, el ingeniero Salvador Piñeiro, criticó a las autoridades de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) por no cumplir las promesas de ayuda a los familiares del arquitecto David Rodríguez García, quien se suicidó en el 2015.
Los profesionales de la construcción aprovecharon una misa de la Junta Central Electoral, celebrada en la Catedral Primada para llamar la atención de los funcionarios.. Después de una audiencia matizada por diversos incidentes, entre los que estuvo la exigencia de abandono de la sala del esposo de la jueza Awilda Reyes Beltré, Harold Echevarría, el Consejo del Poder Judicial se reservó el fallo sobre el caso disciplinario en contra de la suspendida magistrada para una fecha que notificará en los próximos días.
La decisión fue emitida por los jueces luego de que el Ministerio Público y la defensa de Reyes Beltré, asumida a inicios de esta tarde por el abogado Enrique Troncoso, presentaran sus conclusiones y peticiones.
Los fiscales solicitaron al Consejo la destitución de Reyes Beltré de su cargo de jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, además de su inhabilitación por cinco años para prestar servicios al Estado, contados desde la fecha en que se notifique la destitución.
Mientras que el abogado de la suspendida jueza pidió la anulación del proceso disciplinario, alegando la falta material de pruebas que sustenten las acusaciones, aspecto que reiteró durante gran parte de su participación de la audiencia y en su conclusión.
El presentante legal de Reyes Beltré también solicitó que se levantara la medida de coerción de prisión domiciliaria y la restitución en su cargo.
Luego de finalizada la audiencia, que se realizó en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Reyes Beltré salió de la sala sin ofrecer declaraciones.