Comienza el “maratónico” juicio Odebrecht. ¿Quién ganará?

Este jueves en la tarde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia comenzará las audiencias del juicio en donde se determinará la inocencia o culpabilidad de los seis imputados por los 92 millones de dólares que pagó en sobornos la Constructora Norberto Odebrecht en República Dominicana.

Desde las 3:00 pm, el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina Peña, y los demás miembros de la Alta Corte, excepto el magistrado Francisco Ortega Polanco, escucharán las acusaciones del Ministerio Público y los medios de defensa del exenlace comercial de Odebrecht en el país, Ángel Rondón Rijo; el senador Tommy Galán Grullón; el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa; el expresidente de Senado, Andrés Bautista García; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA); Juan Roberto Rodríguez Hernández y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.

La investigación por los sobornos inició formalmente el 26 de diciembre de 2016 cuando el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, informó que solicitó a todas las instituciones del Estado que contrataron o adquirieron servicio de la empresa brasileña que le remitan todos los contratos e informaciones respecto a las obras.

Tras recibir las informaciones del Ministerio de Obras Públicas, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) y Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), la procuraduría inició un largo proceso de interrogatorio teniendo como primer entrevistado al gerente de Odebrecht, Marcelo Hofke, seguido de Rondón Rijo, así como de senadores, diputados, excongresistas, exdirectores de las instituciones que ejecutaron proyectos con Odebrecht, además de los ejecutivos de la firma Stanley Consultants, entidad que manejó la licitación y adjudicación del proyecto Central termoeléctrica Punta Catalina.

Por el caso fueron interrogados Radhamés segura, exvicepresidente de CDEEE; Freddy Pérez, exdirector de Obras Públicas; Juan Roberto Rodríguez; Mariano Germán, Alberto Holguín y Rafael Suero Miliano, exdirectores de INAPA; Víctor Díaz Rúa, exministro de obras Públicas y exdirector de INAPA; César Sánchez, exadministrador de la CDEEE; Andrés Bautista, Jesús –Chú- Vásquez y Ramón Alburquerque, expresidentes del senado; Alfredo Pacheco, Julio César Valentín y Abel Martínez, expresidentes de la Cámara de Diputados, Frank Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhi), Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado y Cristina Lizardo, expresidenta del senado.

De igual manera el senador Tommy Galán Grullón, el exdiputado Ruddy González, el exministro de hacienda, Vicente Bengoa, Leonardo Font-Bernard, yerno de Víctor Díaz, Conrado Pittaluga Arzeno, abogado, así como Larry Shell y Henry Marquard, ejecutivos de Stanley Consultants.

Al despacho del procurador también acudieron el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Vichara, el director de INAPA, Orlando Mazara; el director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás; el del (Indrhi), Olgo Fernández y Francisco Pagán, director de Oficina Supervisora de Obras del Estados (OISOE).

Aunque fueron muchos los interrogados, a la hora de imputar presuntos ilícitos penales, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) enfiló sus cañones contra 14 personas y es en esas circunstancias que solicita a la Suprema Corte la designación de un juez especial que conociera todos sus requerimientos: órdenes de arresto, solicitud de medida de coerción, diligencias de investigación, entre otros.

Francisco Ortega Polanco fue designado como Juez de Instrucción Especial y el 29 de mayo, el Ministerio Público ejecutó las órdenes de arresto que tenía contra Ángel Rondón, César Domingo Sánchez Torres, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Juan Temístocles Montás Domínguez, exministro de Industria y Comercio; Máximo Leonidas de Óleo Ramírez, exfuncionario de la Egehid; Andrés Bautista, Ruddy González, Víctor Díaz, Radhamés Segura.

Tras el arresto, la procuraduría solicitó y obtuvo medidas de coerción consistentes en prisión preventiva, prisión domiciliaria, presentación periódica e impedimento contra los detenidos, así como a los legisladores Julio César Valentín, Tommy Galán, Alfredo Pacheco y al exdirector técnico de la Egehid, Bernardo Antonio Castellanos.

El 7 de junio de 2018 el procurador, Jean Alain Rodríguez, anunció que se presentó acusación y solicitó apertura a juicio por soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, asociación de malhechores, falsedad en declaración jurada de bienes, cohecho, prevaricación y delitos no compatibles con la función pública contra siete de los 14 imputados originales, más Chú Vásquez, expresidente del Senado.

Rodríguez, los acusa de soborno para la adjudicación y financiamiento de las obras; Acueducto de la Línea Noroeste, Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, Autopista del Coral, Hidroeléctrica Pinalito, Hidroeléctrica Palomino, carretera Casabito, Corredor Duarte I y II, carretera el Río Jarabacoa, acueducto Samaná, acueducto Hermanas Mirabal y carretera Bávaro Miches.

Informó, además, que por falta de pruebas archivó provisionalmente los expedientes de César Sánchez, Julio Valentín, Temístocles Montás, Bernardo Castellanos, Máximo De Oleo, Alfredo Pacheco, Radhamés Segura y Ruddy González, en tanto que, sobre la Central Termoeléctrica Punta Catalina, aseguró que no se encontraron evidencias de que hubo prebendas en el proceso de licitación ni en el financiamiento.

Acusación

Según la Procuraduría Víctor Díaz Rúa recibió transferencias de empresas de Ángel Rondón por más de US$850,000. Además de US$6,629,080 por la Autopista del Coral a través de Pittaluga y US$4,000,000 de Odebrecht en el Antigua Overseas Bank, según Hilberto Mascarenhas Alves, sumado a un viaje a Antigua y Barbuda.

Acusa a Conrado Pittaluga de ser el testaferro de Díaz Rúa, y que firmó contratos de servicios jurídicos de fachadas con Odebrecht y constituyó sociedades de carpeta en paraísos fiscales. Dice también que trianguló los activos a través de las sociedades Newport, Indoequipesa SRL y Solaries SAS.

A Ángel Rondón lo señala como la persona que distribuyó los sobornos a los funcionarios públicos a nombre de Odebrecht. Dice que del 2002 al 2017 como persona física percibió ingresos por RD$983,682,226.57 y que en divisa extranjera percibió US$2,690,155.73. Asimismo, que la sociedad desarrollada por él para soborno y lavado de activos, comprende unas 30 empresas en la República Dominicana y en el extranjero.

De Tommy Galán, la Procuraduría afirma que en su calidad de funcionario falseó su declaración jurada de patrimonio para ocultar los verdaderos costos de sus bienes. Asegura que incrementó del 2006 al 2016 su patrimonio en 63 %, y ocultó RD$63,000,000 en inmuebles y lavó dinero en constructora que creó en 2008.

Según la acusación, Andrés Bautista, de 1994 al 2004 incrementó en 668 % su patrimonio inmobiliario y del 2004 al 2006 subió 333 % y que, además, ocultó bienes. “Partiendo del incremento obtenido desde la fecha de toma de posesión de su cargo por primera vez (1994) hasta la última declaración (2006), el incremento se eleva a 1074 %”, dice la acusación.

En tanto que Roberto Rodríguez, acusado de recibir soborno de Ángel Rondón a través de su cuñada. El primer contrato que obtuvo Odebrecht fue la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste para lo cual, según el Ministerio Público, Rodríguez recibió de ARMA RD$1,075,000 el 19 de enero del 2009 a través de una cuñada. Describe además sus productos financieros.

Procurador rehusó interrogar exejecutivos de Odebrecht

El juez Ortega Polanco no solo escuchó las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, también las críticas, cuestionamientos que hicieron los abogados de los acusados respecto a la violación del derecho de defensa, selectividad de investigación, discriminación, falta de objetividad, espionaje y abuso de autoridad.

Además de señalar en el tribunal que el Ministerio Público no individualizó ni precisó el monto de dinero que habrían recibido los funcionarios públicos de Ángel Rondón como soborno, ni estableció el cómo, cuándo, dónde ocurrieron los hechos y realizó peritajes a los productos financiero de los imputados sin que estos tuvieran la oportunidad de defenderse, los abogados pusieron en evidencia que la Procuraduría rehusó buscar pruebas fundamentales y contundentes del caso.

Durante la audiencia preliminar, la defensa de Víctor Díaz Rúa mostró la resolución emitida por el juez Ortega autorizando al procurador a ir a Brasil a realizar interrogatorios o anticipo de pruebas a los exejecutivos de Odebrecht a fin de aportarlos como pruebas en el caso, pero el Ministerio Público no lo hizo.

La verdad sobre los sobornos que pagó Odebrecht en República Dominicana la habría dicho una de esas personas a las que el Ministerio Público rehusó interrogar y aportar como testigo en el caso: Marco Vasconcelos Cruz, exgerente de la empresa Brasileña, informó Ángel Rondón, exenlace comercial de la empresa y persona a quien se señala responsable de la distribución de los 92 millones de dólares que la Constructora admitió haber pagado a cambio de la adjudicación de 17 obras.

“Si el Ministerio Público, hubiese interrogado a Marco Cruz, en este país o en Brasil, yo quisiera saber qué iban a hacer ellos con esa verdad que Marco iba a decir”, dijo Rondón Rijo.

El empresario afirmó además, que el Ministerio Público perdió su oportunidad de oro ya que solamente había una sola persona que podía saber si había soborno, el monto del soborno, dónde, cómo, cuándo y a quién.

Otro de los grandes momentos de tensión vividos en la sala de audiencias se produjo tras evidenciarse que la Procuraduría engañó al juez pidiendo autorización para intervenir los teléfonos celulares de los imputados. Incluyeron en la solicitud los celulares de familiares, allegados de los imputados, así como el del abogado Conrad Pittaluga Vicioso, quien también es hijo del imputado Conrado Pittaluga y coordinador de su barra de defensa.

De igual forma llamó la atención y produjo reacción mediática de la procuraduría, la intervención en donde Andrés Bautista mostró certificaciones de que a él le atribuyen aprobación de contratos que no fueron hechas en su gestión sino en la del actual presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien no fue imputado en el caso.

Su barra de defensa expresó al juez que de las 16 obras que fueron construidas por sobornos de Odebrecht, Andrés Bautista solo aprobó tres y el resto fueron aprobadas por Pared Pérez. Especificó que los montos de préstamos aprobados por Reinaldo sobrepasan los 3 mil millones de dólares (US$3,003,637,988), mientras que Bautista sólo aprobó US$266,687,380.