Cinco casos de corrupción no resueltos en el actual Gobierno

A menos de dos meses para que se produzca un cambio de gobierno en el país, la justicia tiene pendiente varios casos de presuntas irregularidades cometidas en instituciones públicas que no lograron resolverse en los últimos cuatro años.

Los expedientes de malversación de fondos y corrupción administrativa incluyen a políticos o exfuncionarios que perdieron sus puestos a raíz de los escándalos. Mientras que uno de los hechos judicializados envuelve un asesinato que aún sigue impune.

El caso más reciente de presunta irregularidad por el cual todavía no hay nadie sometido, ocurrió en marzo de este año en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi). La institución realizó una licitación “fraudulenta” para la adquisición de kits alimenticios durante el estado de emergencia, la cual dio como resultado siete funcionarios destituidos y la renuncia de directora de la institución, Berlinesa Franco.

La licitación de 100 millones de pesos fue publicada a las 6:00 de la tarde del 31 marzo y cerrada a las 9:00 de la mañana del día siguiente, según denunció el empresario Pablo Cabrera, quien asegura obtuvo pruebas de que se trató de una maniobra del Inaipi para favorecer con el contrato sobrevalorado a un proveedor específico.

Según el empresario, los kits solicitados tienen un valor de 600 pesos. Pero, el proveedor que “ganó” los cotizó a 2,500 pesos cada uno.

Los Tres Brazos

En julio del 2018 la Procuraduría General de la República sometió a la justicia a once personas, entre funcionarios y empresarios, involucrados en una asociación de malhechores para la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos en 80 millones de pesos.

Aunque han pasado dos años, el caso sigue en la etapa preliminar en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. Mientras que las personas que fueron afectadas por la venta de sus hogares todavía siguen pidiendo que se haga justicia.

Odebrecht

En 2017, como si se tratara de una trilogía, tres grandes escándalos de corrupción sacudieron a la opinión pública nacional. En enero comenzaron a interrogar funcionarios por el caso Odebrecht; en octubre del 2017 ocurrió el asesinato del profesor Yuniol Ramírez y el descubrimiento de estructura corrupta en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA); luego en septiembre 2017, estalló el caso por adquisición fraudulenta de los aviones Súper Tucanos.

En el caso Odebrecht, luego de los interrogatorios, en junio del 2017, la Suprema Corte de Justicia dictó medida de coerción contra 14 imputados. Con el tiempo, la Procuraduría sólo logró mantener la acusación contra seis de los involucrados en el soborno de 92 millones de dólares que la constructora admitió haber pagado para ser favorecida con obras.

De los seis imputados solo al senador por San Cristóbal, Tommy Galán, le conocerán su juicio en la Suprema Corte de Justicia luego de que pase el estado de emergencia por coronavirus, mientras que a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez se le conocerá el juicio en Ciudad Nueva.

Corrupción en la OMSA

Otro de los casos que está en la justicia desde el 2017 sin que se produzca una sentencia es el de la OMSA. En octubre del 2017, a raíz del asesinato del profesor Yuniol Ramírez estalló ese entramado de corrupción en la OMSA y sometieron a la justicia al exdirector de la institución, Manuel Rivas, y a seis personas más.

En los últimos dos años, el caso se ha mantenido recorriendo las diferentes jurisdicciones judiciales de Santo Domingo, y se mantiene en una especie de limbo jurídico. La trama corrupta en la OMSA consistía en que en esa institución había unidades de autobuses “en manos de particulares” y, además, se informó que en la gestión de Manuel Rivas se facilitaron contratos millonarios de forma fraudulenta a cinco empresas.

Aviones Súper Tucanos

Desde septiembre del año 2017, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) hizo formal acusación contra Embraer, el exsecretario de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Ysrael Abreu Rosario, el notario Félix del Orbe Berroa, y las empresas 4D Business Group y Magycorp.

Los imputados están acusados por los 3.5 millones de dólares que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) pagó en soborno en 2009 para la adquisición de ocho aviones Súper Tucanos.

El caso ha estado en la etapa preliminar desde hace más de dos años y a todos los involucrados se les conoce el proceso en libertad.