Aplazan conocimiento de medidas coerción a implicados en Operación Falcón

La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago aplazó para el próximo viernes 17 de septiembre la audiencia para el conocimiento de medidas cautelares contra los arrestados en la Operación Falcón, implicados en una supuesta poderosa red de narcotráfico y lavado de activos con ramificación internacional que movilizó miles de millones de pesos.

La magistrada Iris Borges acogió la petición de los abogados de la defensa de reenviar la medida, para poder estudiar el voluminoso expediente de 111 páginas.

Se trata de 21 personas, arrestadas en más de cien allanamientos simultáneos que tuvieron lugar entre el miércoles y el sábado de esta semana en distintas provincias del país y que según la acusación tenían como epicentro de sus ejecutorias a la provincia Santiago.

Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, los señalados como líder del grupo, están prófugos.

Los encartados son:

1. María Olimpia Tavares Rodríguez alias Oli La Princesa

2. Juan Maldonado Castro alias Marcial y o el líder.

3. Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera alias el Gordo.

4. Luis Daniel Nieves Batista

5. Adolfo Antonio Torres Sanabria alias Tony y/o Presidente.

6. Julio César Jiménez Talavera

7. Juan Bautista Carpio Reynoso

8. José Alejandro de la Cruz Morales alias Omar La Moña.

9. Raúl Antonio Castro Mota.

10. Yana Ana Iris Maldonado Castro.

11. Angélica María Maldonado Peralta.

12. Lenin Bladimir Torres Bueno.

13. Marisol López Ceballos.

14. Delfina Asunción Polanco.

15. Ana Margarita Collado Marte.

16. Erich Fernando Meléndez Gómez.

17. José Miguel Castillo Taveras alias Migue.

18. Elva Teresa Polanco.

19. Juan Carlos Durán Rodríguez.

20. Javier Antonio Tavares Rodríguez (Checo).

21. Felipe Espino Germán

El Ministerio Público asegura que durante años esta red criminal traficó con narcóticos a países como Estados Unidos de Norteamérica, Puerto Rico y Europa, así como el tráfico internacional de armas de fuego, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas.

"Para mantener sus actividades bajo un esquema de protección, practicaron sobornos de autoridades y mantenían atemorizados a cientos de ciudadanos en los lugares en los que desplegaron sus operaciones criminales", precisa el expediente.

De acuerdo a los hechos fáctico del Ministerio Público, planteado en el expediente, la organización criminal traficaba aproximadamente 2,500 kilos de cocaína semanales desde el año 2012, pero sus operaciones se encuentran registradas por los organismos de inteligencia desde años anteriores, "y existen evidencias de que se incrementaron a partir del año 2017 en adelante", se plantea en la acusación.