Abogados designados por el Gobierno podrán actuar en cualquier caso de corrupción, según juristas

Luego de que el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto número 22-21, conformara un equipo de abogados para que represente al Estado en las acciones y procesos tendentes a la recuperación del patrimonio sustraído, importantes juristas han reaccionado a la nueva medida que va a establecer el Ejecutivo.

“Estos abogados designados por el presidente de la República pueden trabajar en cualquier caso de corrupción. Ellos van a constituirse en actores civiles y van a tratar de buscar resarcimiento en daños y perjuicios”, dijo a Diario Libre el abogado especialista en derecho penal, constitucional, civil y de negocios, Félix Portes.

Indica que, la ley establece que al Estado lo representa el Ministerio Público, pero eso es en el aspecto penal, y esto significa que busca condena. “Entonces, estos abogados van a tratar de constituirse en actores civiles, para ellos, aparte de las multas que sean condenas, quien robe al Estado, ellos puedan perseguir un resarcimiento de daños y perjuicios”, enfatiza Portes.

Según el jurista, estos abogados que designará el Gobierno, podrán trabajar también con casos pendientes reñidos con la justicia, como Odebrecht, OMSA, Súper Tucano, Anti Pulpo, entre otros.

Sin embargo, cree que, en vez del Poder Ejecutivo contratar abogados para realizar labores constitucional y legalmente establecidas exclusivas del Ministerio Público, debe aumentarle el presupuesto a la Procuraduría para que tenga los recursos suficientes para perseguir lo robado efectivamente.

“Si el argumento es identificar y recuperar, las leyes (155-17 del lavado) disponen que los bienes (inmuebles, muebles, dineros) puede ser objeto de decomiso a favor del Estado, sin perjuicio de multas”, sostiene.

Portes dice no entender por qué si al Ministerio Público se le paga y recibe un porcentaje legal de bienes decomisados, el Estado debe pagar en adición a abogados privados otro porcentaje para una función que esa entidad está obligada legal y constitucionalmente a realizar.

“El Estado no puede pagar dos veces por el mismo trabajo. El Estado debe poner en condiciones a la Procuraduría para que mejore condiciones laborales de fiscales, contrate más personal, técnicos, adquiera logística para que eficientice al máximo su función y titánica labor”, sugiere.

Por su parte, Octaviano Octavis, abogado especialista en Derecho del Trabajo, entiende que el Gobierno le va a diseñar un plan de trabajo a los abogados, para que estos sepan a cuáles casos van a perseguir.

“Los abogados no van a trabajar a título personal, sino, en nombre del Ministerio Público o en nombre del jefe del Estado o Gobierno. Obviamente, ellos pueden recurrir contra esos casos que están pendientes con la justicia”, señala Octavis.

Sobre el decreto

En el decreto se instruye a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo la conformación de un equipo de abogados de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad. Mientras que la contratación estará a cargo del Ministerio de la Presidencia.

De igual forma, se designó a Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo de abogados y a los señores José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez como coordinadores de equipos.

También establece que el Poder Ejecutivo delega poder en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo “para que pueda dejar sin efecto -si lo entendiese necesario para los mejores fines del proceso- a los abogados designados como coordinadores, así como para contratar a quienes les sustituyan en tales funciones, en los mismos términos expresados en el presente decreto”.

Responsabilidades

El Poder Ejecutivo otorgó mandato expreso al equipo de coordinadores al que se refiere el decreto para que representen al Estado dominicano en los procesos judiciales y acciones legales de diversa naturaleza que sean identificadas como necesarias para recuperar bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio público bajo cualquier modalidad operativa, ya sea por sustracción, incumplimiento, desviación, así como por la comisión de infracciones o ilícitos penales; omisión, negligencia, imprudencia o cualquier violación a las leyes.

Asimismo, instruye a todos los entes y órganos que conforman la Administración Pública centralizada o autónoma, bajo dependencia del Poder Ejecutivo, a identificar los casos de distracción de patrimonio público ocurridos, sean estos potenciales, sospechosos, presumibles o verificados tanto en el pasado como en el presente, en las instituciones que administran y a notificar al equipo de abogados contratado, que se instruye conformar en el artículo 2 del presente decreto, así como a prestar todas las asistencias, colaboraciones y facilidades que sean necesarias para la ejecución de los propósitos de este decreto.