Imponen garantía económica a testigo del caso Coral acusado de perjurio

De ser hallado culpable podría enfrentar una condena de tres meses a dos años de prisión

Tras la decisión de la jueza, el imputado de perjurio en el caso Coral saldrá en libertad condicional inmediatamente pague la garantía. podría enfrentar una condena de tres meses a dos años de prisión (Shutterstock)

Al testigo del caso Coral que el Ministerio Público imputa de cometer perjurio, la jueza de atención permanente le impuso una garantía económica de 200 mil pesos en efectivos como medida de coerción el pasado viernes.

El imputado es el capitán del Ejército Juan González Castro, quien fue dejado detenido la pasada semana y tras la decisión de la jueza Fátima Veloz, saldrá en  libertad después que pague la garantía económica.

Según la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, continuarán investigando a González Castro para luego someter acusación en su contra por mentir ante el tribunal.

Según la Pepca, el imputado recibió depósitos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), que luego debía devolver al acusado Pedro Castillo Nolazco.

Sin embargo, durante su comparecencia ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional negó haber realizado dichas transacciones, contradiciendo las declaraciones anteriores ofrecidas al Ministerio Público y los registros documentados que sustentan la acusación.

Pena que podría enfrentar

González Castro podría enfrentar una condena de tres meses a dos años de prisión, y multas de RD$50 a RD$500, de ser hallado culpable de mentir ante las autoridades.

Los principales encartados en el caso de corrupción Coral son los exjefes del Cusep y el Cestur, mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente, así como el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza.

También forman parte del expediente los militares Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón, la pastora Rossy Guzmán, entre otros encartados.

Se les acusa de estafar el Estado con más de 4,500 millones de pesos a través del Cestur y el Cusep.

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