¿No se darán los nombres de los imputados? El Poder Judicial responde sobre su política de datos

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) respondió este miércoles a las inquietudes surgidas tras la presentación, el pasado 14 de noviembre, de su Política de Protección de Datos, que -asegura- busca garantizar la privacidad de las personas involucradas en procesos judiciales.

Según la nueva normativa, la regla general será la disociación o anonimización de cualquier dato que permita identificar a las partes del proceso. Sin embargo, organizaciones como la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa han manifestado su preocupación, argumentando que estas medidas podrían dificultar el trabajo periodístico al limitar el acceso a la información precisa.

En respuesta a una publicación de Diario Libre, el CPJ envió una comunicación, en la que aclara que la política no busca limitar la labor periodística ni ocultar información, sino garantizar una justicia más ética y confiable al proteger derechos fundamentales.

Asimismo, el órgano judicial destacó que esta política no reduce la transparencia de los tribunales, que seguirán publicando decisiones judiciales a través del Boletín Judicial y otros canales oficiales. “Lo único que cambiará es la exclusión de datos personales para proteger la dignidad y seguridad de las partes involucradas, especialmente de menores, víctimas de violencia y personas en situación de vulnerabilidad”.

Las siete preguntas que responde el CPJ sobre la política de protección de datos:

1. ¿Cómo se cubrirán casos de alto interés público?

Los casos de alto interés público, como Calamar, Coral, Antipulpo y todos los demás, continuarán siendo accesibles para el periodismo y el público. La política no impide informar sobre las acusaciones, las personas procesadas ni los resultados de los casos. Sin embargo, protege datos personales, como direcciones, números de identificación o información de salud, que no son esenciales para el entendimiento del caso y cuya publicación podría vulnerar la dignidad de las personas involucradas.

2. ¿Limitará el acceso de los periodistas a las salas de justicia?

No. Los periodistas seguirán teniendo acceso a las salas de justicia y a los expedientes públicos. La política no establece restricción alguna en este sentido. Esta se focaliza en minimizar y proteger datos personales contenidos en las decisiones que se publican.

3. ¿Se dejarán de transmitir audiencias públicas?

La política no prohíbe las transmisiones. Esto no es un tema abordado en la misma. La transmisión de la audiencia se rige por las leyes existentes. Esto es coherente con estándares internacionales, como los del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, así como los Estándares de Protección de Datos Personales para los países iberoamericanos, adoptados por la Red Iberoamericana de Protección de datos, que establece que la transparencia debe balancearse con la protección de datos personales.

4. ¿Va la privacidad por encima de la libertad de expresión?

No se trata de priorizar un derecho sobre otro. La libertad de prensa y el derecho a la privacidad son pilares fundamentales de una sociedad democrática. Como sostiene Helen Nissenbaum en Privacy in Context, la información debe ser accesible según su relevancia social y legal, pero no a costa de vulnerar los derechos individuales. En este caso, la política asegura que se informe lo necesario para el interés público, sin exponer datos personales

5. ¿Los tribunales serán menos transparentes?

No, al contrario. Los tribunales seguirán siendo transparentes, publicando decisiones a través del Boletín Judicial y otros canales oficiales. Lo que cambia es que estas publicaciones no incluirán datos personales que puedan comprometer la seguridad o dignidad de las personas. Como afirma Alan Westin en Privacy and Freedom, “la verdadera transparencia no es exponerlo todo, sino garantizar que la información relevante sea accesible sin causar daño innecesario”.

6. ¿A quién beneficia esta política?

Esta política beneficia a todas las personas, especialmente a las más vulnerables, como los menores de edad, las víctimas de violencia y personas en situación de peligro, buscando un equilibrio justo entre la transparencia y la protección de su privacidad, tal como lo promueven estándares internacionales. 

7. ¿Es esta tendencia correcta?

Sí, lo es. La política de protección se enmarca en la protección establecida en el Art. 44.2 de la Constitución dominicana, y el equilibrio ponderado en su Art. 49, así como en la propia ley 2-23 de Casación y la ley 172-13 sobre la protección integral de datos personales, en otras normativas vigentes, así como en diversos instrumentos internacionales protectores de los derechos humanos. La protección de datos no es una tendencia aislada ni improvisada. Es una respuesta a las demandas de un mundo cada vez más digitalizado y alineada con prácticas internacionales. La Unión Europea, países como España, Francia, Alemania, Colombia, Costa Rica, han adoptado medidas similares, basadas en principios éticos y legales que priorizan la dignidad humana sin sacrificar la transparencia. Le reiteremos que la Política de Protección de Datos no busca limitar la labor periodística ni ocultar información, sino proteger derechos fundamentales y construir una justicia más moderna, ética y confiable. Como bien lo señala Joseph Stiglitz, “una sociedad equitativa garantiza que la protección de derechos no dependa de la posición social o económica”. Esta política está diseñada para asegurar que la justicia sea accesible, transparente y respetuosa con todas las personas, sin comprometer el valioso derecho de la sociedad a estar informada. Le reiteramos nuestro compromiso de trabajar en colaboración con periodistas y medios para garantizar una implementación efectiva y clara de estas medidas.