Una década en favor de las personas con discapacidad y grupos vulnerables

En la última década, la justicia dominicana ha dado importantes saltos para garantizar el servicio a las personas con discapacidad y los diferentes grupos vulnerabilizados. Todavía quedan muchos retos por delante. Sin embargo, la diferencia que se exhibe en la actualidad en el trato a estas poblaciones ha permitido que el sistema se haga más cercano al tema de la inclusión y la accesibilidad.

Para hablar de igualdad en casos de discapacidad, el Poder Judicial identificó diferentes limitaciones que tenía para brindar el servicio a las personas con discapacidad, una población que asciende a 140,980 en el país, según estimaciones del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

En ese sentido, se registró la existencia de tres barreras fundamentales: arquitectónicas, actitudinales y comunicacionales.

Para 2020, según una evaluación realizada por la consultora externa por la Dominican Access a 30 sedes judiciales, solo dos tenían accesibilidad alta, tres nulas y las demás con accesibilidad media. En respuesta a estos resultados y en el marco del Plan Estratégico Institucional 20-24, desde la Dirección de Infraestructura Física se llevaron a cabo planes y acciones para minimizar estos impedimentos.

Según un reporte enviado por el Poder Judicial a Diario Libre, en la actualidad el 87 % de los palacios de justicia cuenta con rampas de acceso y 63 % posee baños accesibles.

La magistrada Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y Coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, resaltó la importancia que tiene para ese organismo la implementación de iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la justicia para personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

“Desde el 2016 el Poder Judicial ha implementado varias acciones tendentes a eliminar todo tipo de impedimento para las personas que accedan a la justicia, sobre todo las personas vulnerables y las personas con discapacidad”, expresó.

En el caso de las barreras actitudinales y de comunicación la institución ha implementado cientos de programas de capacitación para sensibilizar a los sectores vinculados al ejercicio de la justicia.

De acuerdo a las estadísticas de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), en los últimos cuatro años 2,060 personas, en su mayoría empleados del Poder Judicial y jueces, han participado de estas capacitaciones.

Asimismo, la institución ha implementado diversas guías y protocolos para la atención de estos casos y garantizar el derecho de las personas con discapacidad y poblaciones vulnerables en sentido general.

Uno de los programas de formación más importante que distingue la magistrada Salcedo para reducir las barreras comunicacionales ha sido la certificación de intérpretes judiciales de lengua de señas.

La ENJ, en coordinación con el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), ha formado a 42 personas para que, en el curso de una audiencia y en los centros de entrevistas forenses, realicen la interpretación de lo expresado en los casos de personas como víctimas, testigos o imputadas que tienen discapacidad auditiva. De las personas formadas, 15 han sido registradas oficialmente por el órgano.

El Ministerio Público

La representación también ha priorizado los casos de personas vulnerables, afirma la directora del Departamento de Derechos Humanos y la Unidad de Reinserción de Repatriados de la Procuraduría General de la República (PGR), Danissa Cruz.

“Nosotros tenemos una historia dentro del Ministerio Público de más de doce años trabajando de la mano de las organizaciones de sociedad civil y sobre todo sensibilizando a los fiscales y personal administrativo que trabajan en la Fiscalía”, indicó.

Cruz destacó que el Ministerio Público está enfocado en que los grupos vulnerabilizados y personas con discapacidad “estén realmente protegidos y que tengan una muy buena representación ante la justicia dominicana”.

Desafíos para las personas con discapacidad

Marta es una joven de 19 años que denunció la discriminación que sufrió de un profesor en su universidad. A pesar de que Marta era una persona sorda, este no le permitió tener su intérprete el día de un examen. En esta situación se llegó a una conciliación entre las partes y se pudo verificar que ciertamente la universidad tenía políticas inclusivas, por eso se llegó a un acuerdo.

Marta es un nombre ficticio, para proteger la dignidad y el derecho a la intimidad de los involucrados. Sin embargo, su historia puede ejemplificar que los desafíos que atraviesan las personas con discapacidad, son un reflejo de las brechas sociales que existen para estas poblaciones.

En el caso de la justicia, tanto Salcedo como Cruz coinciden en que todavía persisten algunas barreras, pero aseguran que hay un esfuerzo constante para garantizar una respuesta oportuna a esta realidad.

Las infraestructuras de las sedes judiciales, la accesibilidad para personas con discapacidad física y envejecientes representan un reto que requiere importantes recursos.

Para atender a esta problemática, en los últimos cuatro años se han realizado mejoras en 14 recintos judiciales de todo el país, no obstante, se debe seguir trabajando en asegurar el fácil ingreso a los palacios de justicia.

Las representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público afirmaron que se debe seguir formando a todos los involucrados en el sistema de justicia para ser más sensible ante estos casos.

Los centros de entrevistas como garantes de la dignidad

Una de las iniciativas más importantes para los grupos vulnerables ha sido la implementación de los centros de entrevistas, que tienen como objetivo proveer medios técnico-legales para recoger las declaraciones de personas en condición de vulnerabilidad (víctimas y/o testigos de delitos), para evitar la victimización secundaria de los involucrados.

Estos operan en dos modalidades que son las de la cámara de Gesell y circuito cerrado de televisión que están distribuidas en 15 sedes judiciales del país.

Entre 2023 y 2024, los centros de entrevistas han recogido de las declaraciones de 4,264 personas vinculadas a casos de algún tipo de violencia, sustracción, seducción, homicidios, trata de personas, incesto, entre otros.

La mayoría de los usuarios de estos lugares han sido niñas, niños y adolescentes, según las cifras del Poder Judicial que establecen que 3,011 femeninas y 978 masculinos menores de edad utilizaron este servicio.