Ministerio Público dice tener 219 pruebas contra presidente y tesorero del Pentatlón Moderno
Núñez y Ozoria enfrentan cargos de estafa contra el Estado, asociación de malhechores, desfalco y lavado de activos
Por segunda ocasión, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó la audiencia para decidir la medida de coerción contra Freddy Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, y Aníbal Ozoria, tesorero de la misma institución, acusados de estafar al Estado dominicano.
La audiencia fue reprogramada para el viernes 1 de noviembre, a las 2:00 de la tarde.
La defensa de Núñez solicitó este aplazamiento, debido al volumen del expediente de solicitud de medida de coerción, que consta de 750 páginas y contiene 219 medios de prueba aportados por el Ministerio Público.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, explicó que en estos documentos se detallan los presuntos métodos utilizados para sustraer fondos de la federación, destacando la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva y de que el caso sea declarado complejo.
De su lado, la abogada de Ozoria, Olianna García Mateo, aseguró que su defendido es inocente y siempre actuó de buena fe. Alega que ha sido involucrado en el caso por su rol como tesorero.
García Mateo cuestionó las pruebas relacionadas con supuestos cheques, afirmando que las fechas y sumas no han sido verificadas y calificó a Ozoria como una persona noble y humilde.
Asimismo, Freddy Ozoria, aseguró que su hermano Aníbal es inocente y responsabilizó a Freddy Núñez de todo.
"Él le firmaba los cheques a ese ladrón y los dejaba en blanco porque mi hermano vive en Nagua, que busquen a quién se los endosó, que son familia de Freddy, que busquen quién los cobró. Mi hermano firmaba y se iba y él hacía y deshacía". "Responsablemente lo digo, Freddy es un ladrón, un ladronazo", dijo indignado.
Núñez y Ozoria enfrentan cargos de estafa contra el Estado, asociación de malhechores, desfalco y lavado de activos. La acusación sostiene que entre 2020 y 2023 manejaron de manera indebida unos 19 millones de pesos asignados a la federación a través del Ministerio de Deportes.
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