Exadministrador de la Lotería dice que la justicia le destruyó su vida

El exdirector de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent, principal acusado en el proceso judicial por corrupción administrativa de Operación 13, dijo este miércoles ante los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que la falta de valor por la justicia no lo convierte en ladrón, estafador, ni en el delincuente que lo convirtieron mediáticamente.

Al acudir a la audiencia donde fue conocido el recurso de casación a la sentencia que absolvió al exfuncionario, interpuestos por el Ministerio Público y los abogados del Estado, Dicent manifestó que, a sus 46 años, su vida y carrera fueron destruidas completamente con este proceso judicial.

"Si tuviera que hacer lo que hice al acudir a la fiscalía y hacerlo como lo hice otra vez, aunque ellos me negaron justicia y se pusieron del lado de lo incorrecto, lo haría una y mil veces, aún me hagan vivir otra vez el infierno que viví", expresó frente a los jueces.

Solicitudes del Ministerio Público

En el caso del Ministerio Público, representado por el magistrado Wilson Camacho,  volvió a pedir ante la corte revocar la sentencia que deja libre a Dicent y demás implicados y que en consecuencia sean declarados culpables tanto el ex funcionario de Llotraría, como el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta; el expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería, William Lizardo Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio.   Estos dos últimos cumplieron 18 meses de prisión en Najayo por el fraude de más de 500 millones en la Lotería Nacional, el que involucra al ex administrador de esa entidad.

Con relación a Dicent, el Ministerio Público solicitó 12 años de prisión por estafa contra el Estado, coalición de funcionarios y prevaricación, soborno, lavado de activo y financiamiento del terrorismo.

Para Perdomo Peralta pidió ocho años de reclusión por soborno activo, lavado de activos. Asimismo, solicitó siete años de prisión para Rosario Ortiz por violar varios artículos sobre las leyes de Comercio y la Inversión, de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.  Finalmente, para Batista Valerio pide seis años por lavado de activos, financiamiento al terrario.

Otros aspectos

El magistrado Camacho solicitó por tercera vez que se revoque la sentencia que ordena el decomiso del Jeep Grand Cherokee Laredo, rojo, año 2008, terminal de la placa 73, propiedad de Felipe Santiago Toribio, en virtud de los acuerdos que llegaron con el imputado.

En la audiencia, que se prolongó por casi una hora, los jueces escucharon a todas las partes y recesaron sin fecha.

Sobre el descargo 

A principio de este año, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la sentencia que descargó al exadministrador de la Lotería, implicado en el fraude mediante un sorteo de quinielas, celebrado el 1 de mayo de 2021, en perjuicio de las bancas de loterías, con un monto que ascendió a más de 500 millones de pesos.

Al confirmar la decisión del tribunal de primer grado, la corte rechazó el recurso de apelación solicitado por el caso del Ministerio Público, representado por el magistrado Wilson Camacho.

La sentencia absolutoria había sido emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Tras fallar en la corte, en cuando a Dicent, el órgano persecutor recurrió en casación la decisión que ratificó el dictamen de primer grado.

El 6 de marzo de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró no culpable del fraude en la Lotería Nacional a su exadministrador Dicent y al camarógrafo Perdomo, y sí condenó a otros ocho imputados en el caso, que el Ministerio Público bautizó como Operación 13.

De los sentenciados, los que recibieron mayor sanción penal fueron Rosario Díaz, a quien se le impuso siete años de cárcel y a Batista Valerio, seis años de prisión. A los dos se les halló responsabilidad penal de lavado de activos, soborno y asociación de malhechores.

En tanto que Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos y fueron condenados a cinco años de reclusión cada uno, tres en los CCR Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en San Cristóbal, y dos suspendidos.

Miguel Mejía y Rafael Mesa fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida.