Qué significa la expresión “dar al traste”, utilizada por fiscal en operación Camaleón

Esta noche, la fiscal coordinadora de Litigación del Ministerio Público, Mirna Ortiz, utilizó la expresión "dar al traste” con relación a la solicitud de imposición de medida de coerción a los acusados por el polémico contrato “amañado” para el manejo de los semáforos del Gran Santo Domingo.

Sus palabras textuales fueron: “El Ministerio Público en la noche de hoy, cumpliendo con el plazo previsto por la ley, ha depositado la solicitud de medida de coerción contra siete de los imputados en esta operación, haciendo las imputaciones precisas y presentando los elementos de pruebas, que sin dudas, darán al traste con la imposición de medida de coerción de prisión preventiva”.

La expresión es un término marinero antiguo, que significa naufragar una embarcación. De acuerdo con el diccionario de la Real Lengua Española el equivalente de “dar alguien al traste con algo" significa “destruirlo, echarlo a perder, malbaratarlo”.  

Explicado esto, la fiscal empleó mal la frase porque el propósito de las imputaciones no es para dar al traste con (destruir) la imposición de medidas coercitivas. Por el contrario, son para lograr que el juez halle mérito en la teoría fáctica del Ministerio Público y dicte una decisión conteste a la solicitud del organismo de persecución.

La expresión “dar al traste” suele ser muy mal utilizada. Regularmente, como el caso de referencia en esta ocasión, se le da una concepción contraria a la que su expresión significa.

En muchos casos, quienes la utilizan erróneamente consideran que quisieron decir con esta expresión “dar la posibilidad de” o “propiciar algo en términos positivos”.

Operación Camaleón

La operación Camaleón es la más reciente investigación por supuesta corrupción que ocupa al Ministerio Público. El organismo indica que se trata de un entramado delictivo que operó bajo la gestión de Hugo Beras en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) cuando éste firmó un proceso de licitación en el que fue adjudicada, "con graves irregularidades", la empresa Transcore Latam para manejar la red de semáforos en el Gran Santo Domingo, el año pasado.

Además de Beras están imputados en este caso José Ángel Gómez Canáan (Jochi), presidente de Transcore Latam; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, encargado de los asuntos técnicos – informáticos de la empresa de Jochi Gómez. 

La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación del Ministerio Público, indicó que los detenidos están imputados por delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, coalición de funcionarios, robo de identidad, estafa contra el Estado a través de las licitaciones públicas con las que fueron favorecidos, entre otros. 

Todos están detenidos desde el miércoles 2 de octubre en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional. La fiscal Ortiz dijo que en el transcurso de las investigaciones podrían incluir a otras personas. 

El Ministerio Público, que depositó la noche de este viernes la solicitud de medida de coerción, pedirá la imposición de medida de coerción de prisión preventiva y la declaratoria del caso complejo.

Mediante la Operación Camaleón, el Ministerio Público desplegó el pasado miércoles 2 de octubre por la noche una serie de allanamientos en residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, vinculadas a los imputados. En estos operativos participaron unos 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.

El organismo de persecución aseguró que entre los hechos objeto de la imputación se encuentran el contrato para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado -según el organismo- "para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado" y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.