Ministerio Público nombra como Operación Camaleón el caso de supuesta corrupción en el Intrant

El Ministerio Público denominó como Operación Camaleón el operativo mediante el cual se realizaron varios allanamientos y se apresaron a siete personas vinculadas a las presuntas irregularidades en un contrato otorgado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant) a la empresa Transcore Latam.

Mediante un comunicado de prensa, el organismo informó que en las próximas horas se solicitará medida de coerción contra los imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.

Entre los detenidos figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José "Jochi" Gómez Canaán, uno de los titulares de la empresa Transcore Latam, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien hasta febrero del 2024 se desempeñaba como director de Tecnología de la Información y la Comunicación del Intrant. 

Además, fueron arrestados Frank R. Díaz, Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Álvarez y Carlos José Peguero Vargas.

Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Durante la Operación Camaleón, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron unos 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.

Durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de los “más exitosos de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.

"Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto", dice el documento de prensa.