Silencio en el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre el avión de Maduro

Nadie dice quiénes fueron los jueces ni qué establecen las sentencias, que, según el canciller dominicano, Roberto Álvarez, autorizaron la entrega a Estados Unidos (EE.UU.) del avión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que estuvo varios meses en el aeropuerto Joaquín Balaguer (El Higüero).

El Poder Judicial y el Ministerio Público (MP) de República Dominicana no responden a las insistentes solicitudes de acceso a las sentencias de los dos tribunales que habrían acogido la solicitud.

Álvarez recomendó el lunes a los periodistas solicitar las informaciones al Ministerio Público. Este, a su vez, responde: “No tenemos información que compartir”. Una contestación similar ofrece, también, el vocero del Departamento de Justicia de EE.UU., Nestor Yglesias, quien reaccionó con un “no es algo que podemos hablar”.

La respuesta del Poder Judicial dominicano es la más extraña al aconsejar que “el tema deben verlo con el Ministerio Público” para obtener información.

¿A nombre de quién está registrado?

En las decisiones judiciales deben estar todos los detalles del jet Dassault Falcon 900EX, que, aunque es el avión oficial del presidente Maduro, no está registrado a su nombre y tampoco al de su Gobierno, sino de un “particular”. La aeronave, con matrícula en la República San Marino, en Italia, fue sacada del hangar de El Higüero a las 9:37 de la mañana y aterrizó en Fort Lauderdale, Florida, a las 11:28 de la mañana, del lunes 2 de septiembre luego de emitirse la última sentencia de un tribunal dominicano que dio luz verde para que fuera llevada a territorio estadounidense, según explicó Álvarez.

En mantenimiento

El jet estaba en la terminal dominicana por motivos “de mantenimiento lo cual es algo bastante normal en el país”. El 22 de mayo de este año, continuó narrando el canciller, el MP “obtuvo una orden judicial que autorizó inmovilizarlo”. La justicia  de EE. UU. solicitó la cooperación dominicana para el secuestro del avión con el fin de “realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraudes, contrabandos de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos”.