Wilson Camacho defiende acuerdos del Ministerio Público con imputados en casos de corrupción

En el panel nacional e internacional "Los Preacuerdos en el Proceso Penal" celebrado este martes en la Universidad Apec (Unapec), de Santo Domingo, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, defendió los acuerdos que realiza el Ministerio Público con los imputados en los distintos casos de corrupción, como operación Calamar, Antipulpo, Medusa, Coral, entre otros.

Las negociaciones que defiende Camacho han sido criticadas por diversos sectores de la sociedad, entre los que figuran juristas, periodistas, políticos y los propios imputados que no firmaron ningún pacto.

Los acuerdos con Mimilo Jiménez y Crisóstomo Herrera, encartados del caso Calamar, han sido de los acuerdos más debatidos. El jurista Julio Cury llamó “selectivo” recientemente al órgano acusador y reprochó que con este convenio se trata de favorecer a algunos implicados del caso.

Camacho aseguró que los ataques realizados a los acuerdos tienen como único objetivo afectar el órgano persecutor, el proceso y a la persona con quien se pacta.

"Nosotros hemos aplicado criterios de oportunidad (acuerdos) en Operación Coral, Antipulpo, pero ha sido en Operación Calamar donde se ha generado el mayor nivel de discusión. Esto busca amedrentar a quienes participan del proceso”, manifestó Camacho.

El magistrado indicó que la necesidad de promover los acuerdos, no es solo porque los manda el artículo 12 del Código Procesal Penal, sino, también, porque es un mandato constitucional.

Sostiene que, el Ministerio Público es el responsable de formular e implementar las políticas de Estado contra la criminalidad, por lo que la República Dominicana no puede pretender perseguir el crimen organizado del siglo XX, con estrategias y procedimientos de los años ochenta.

“Entonces, para que esa política de Estado sea eficiente es necesario que el Ministerio Público promueva acuerdos y filtre correctamente y llevar a juicio todo aquello que no se pueda resolver como consecuencia de la aplicación de cualquiera de las salidas alternas con que cuenta el Código, siempre y cuando se respete el principio de legalidad”, acotó el reconocido abogado.

Panelistas internacionales

En el panel “Preacuerdos en el Proceso Penal”, también participaron experimentadas juristas internacionales, quienes defendieron estas soluciones alternas en el sistema de justicia.

La panelista internacional, Virginia Covington, jueza del Distrito Central de Florida Central, Estados Unidos, expresó que el 98 % de los casos judiciales en ese país terminan en un acuerdo.

Asimismo, la jurista puertorriqueña, Vivian Durieux, gerente del Programa de Estudios Judiciales de la Oficina Internacional para el Desarrollo, dijo que, si en un tribunal, en una corte, en un país, hubiese que celebrar el cien por ciento de los juicios (sin la intervención de acuerdos) habría impunidad, debido a que los procesos criminales están sujetos a plazos que pueden vencer de no llegar a un pacto a tiempo.  

“Si el juez tendría que celebrar todos los juicios a su cargo, estaría en mora judicial. Ese acuerdo entre las partes debe estar acorde al derecho y dentro de los parámetros que el legislador dijo”, planteó.

 El panel fue moderado por el reconocido abogado dominicano Miguel Valerio, quien refirió que sin acuerdos no se puede investigar.

“Dos personas que tienen el mismo grado de responsabilidad pudiesen llegar a un acuerdo, porque al final de cuenta el sistema está creado para que se establezcan acuerdos, de lo contrario va a colapsar”, finalizó.