El Tribunal Constitucional falla a favor del juez que conoció el caso Bahía de las Águilas

El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia en favor del juez presidente de la Tercera Sala de la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso y Administrativo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Manuel Ramón Herrera Carbuccia, quien fue objeto de una querella por supuestas irregularidades en el caso Bahía de las Águilas.

La querella, que tuvo como fallo el desagravio del magistrado Herrera Carbuccia, fue presentada por el consejo de abogados de la empresa Global Multibussines Corporation, representada por Rafael Helena Regalado, en el caso Bahía de las Águilas.

El consejo de abogados argumentó la existencia de presuntas irregularidades procesales, violación del debido proceso, afectación a los derechos de propiedad y existencia de un esquema de soborno y corrupción judicial que habría inclinado la balanza en favor del Estado dominicano y del Ministerio Público, en el caso.

Con dicha estrategia, los querellantes perseguían que se reexaminara el caso, bajo el alegato de que con las sentencias a favor del Estado dominicano no se había garantizado un proceso justo y transparente para todas las partes involucradas.

Origen

Conforme a la querella interpuesta el 15 de enero 2019, por la empresa Global Multibusiness Corporation, el magistrado Carbuccia falló en contra de 53 recursos de casación incoados por los supuestos propietarios de los terrenos de la parcela 215-A del DC-3, del municipio Enriquillo, Barahona, y solo acogió el que interpuso el Estado.

Los querellantes argumentaron que el caso de Bahía de las Águilas quedó en un “limbo jurídico” porque el recurso acogido por la SCJ revocó la sentencia del Tribunal Superior de Tierras. En su oportunidad acusaron al Poder Ejecutivo de sobornar y premiar a los jueces que fallaron a su favor.

En la querella imputaron cargos de prevaricación, cohecho, soborno y corrupción, los que fueron desestimados en la decisión del Tribunal Constitucional.

En torno al caso, el 4 de marzo de 2019, el Ministerio Públicos representado por el procurador adjunto Víctor Robustiano Peña, ordenó el archivo definitivo de las imputaciones, tras considerar que no existían fundamentos ni pruebas que demostraran infracciones penales. El archivo fue objetado ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia.

Rechazo de la objeción

El Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada, el 21 de mayo del 2021, rechazó la objeción y ratificó en todas sus partes el dictamen de archivo. Luego esa decisión fue recurrida en apelación ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que el 19 de julio de 2021, que la desestimó y confirmó en todas sus partes la sentencia.

Ante la inconformidad de la decisión, Global Multibusiness Corporation S.R.L llevó el caso al Tribunal Constitucional. Tras los jueces conocer el expediente el 27 de diciembre de 2023, declaron inadmisible el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la entidad Global Multibusiness Corporation S.R.L.