¿Quiénes no van a juicio de fondo en el caso Medusa?

Al menos 44 personas físicas y jurídicas (personas y empresas), de un total de 63 señalados, no enfrentarán el juicio de fondo del caso de supuesta corrupción administrativa contra el Estado, conocido como Operación Medusa. La mayoría de estos encartados, unos 35, alcanzaron acuerdos con la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Según el dictamen del juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, las personas físicas que negociaron y fueron excluidos del fondo son unos 19 entre de los que sobresalen Lisandro José Macarrulla, Ricardo Carrasquero, José Santana Julián, Reynaldo Santos, Rafael Salvador Rasuk y Jenny Marte Peña.

También, Mercedes Salcedo, Carolina Pimentel, Carlos Augusto Guzmán, Ismael Elías Peña, Daniel E. Vásquez, Francisco Vásquez, Fausto J. Cáceres, Francisco Gómez, Cesarión Morel Grullón, Hilda Cristina Jackson, Felipe Armando de Castro, Gisselle del Carmen Molano Frías y Rossanna Vianela Pimentel. La señora Sara María Fernández, aunque no pactó con el órgano acusador, recibió un auto de no ha lugar y ha sido exonerada del proceso.  

Unas 25 empresas no van a juicio de fondo

Entre estas empresas figuran las que lograron su exclusión del juicio final tras negociar con el MP Mac Construcciones, Espacio & Arquitectura, Herrajes Rachel, Parasata Mercantil, Constructora Carrasquero, Abastesa, S.A.S, F &F Import, Swaziland S.R.L, Divamor Group S.R.L, Ropalma S. R. L., Sean Hudson Dwigginn, Smart Logísticos S. E. L, Constructora Morel Grullón & Asociados S. R. L.

Otras como Complementos Er, S.R. L., Precons, S.R.L, Productiva, S.R.L, Alfeizar Construcciones, S.R.L, Constructora Casasnovas, S.R.L, Marizán Ingeniería Construcción y Bienes Raíces, S. R. L., Grupo Acor, S. R. L., Grupo Antares, S. R. L, First Medical Depot By Guzmán, S. R. L, Tecnicaribe Dominicana, S. A., Transformadores Aquino, S. R. L., Arquitectura Integral, S. R. L., no va al fondo por decisión del juez. No llegaron a establecer acuerdos con el Ministerio Público.

Lo que contemplan los acuerdos

La gran parte de estos acusados se han comprometido a devolver sumas millonarias de dinero en efectivo y bienes al Estado, todo esto a cambio de penas benignas y que se le realice un juicio penal abreviado y otros con criterios de oportunidad, que implica dejarlos fuera del proceso penal, como es el caso del juicio de fondo.

A los señalados se le vincula a una estafa de más de 6,000 millones contra el Estado.

Las que si enfrentarán el juicio de fondo

Las empresas que si irán a la etapa final del sonado caso son las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll  Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.

Los que no negociaron y van al fondo

No negociaron y van al fondo: Jean Alain Rodríguez, Rolando Rafael Sebelén Torres, Alfredo Alexander Solano Augusto, José Luis Liriano Adames, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Ramón Lucrecio Burgos, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alejandro Martín Rosa Llanes.

Aunque pactaron con el Ministerio Publico, el juez decidió que debían enfrentar un juicio de fondo: José Miguel Estrada Jackson, Jonathan Joel Rodríguez Imbert y César Nicolás Rizik Pimentel.                                                                                          

Las empresas y personas físicas que faltan están en curso de conocimiento, porque fueron desglosadas, debido a que algunos de sus representantes estaban enfermos y el juez tenía la finalidad de seguir avanzando el proceso. Estas van a juicio independiente, según explica el abogado de uno de los imputados en el caso Medusa, Manuel Sierra.

Los tipos penales que se le imputan al grupo son asociación de malhechores, soborno, desfalco, estafa, coalición de funcionario, financiamiento político, sustracciones cometidas por los funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada y lavado de activos.

En cambio, el magistrado Martínez excluyó los tipos penales consistentes en falsedad en escritura, uso de documentos falsos y autor ilícito de daños o alteración de datos y sabotaje ciberdelitos por entender que no se configuraban los elementos constitutivos de los mismos en cuanto a los hechos y las pruebas.

En sus motivaciones, el juez Amauri Martínez examinó lo estipulado en la ley “llegando a la conclusión de que hay aspectos que necesariamente deben ser observados ante un tribunal en sede de juicio, sin desconocer que el principio de la presunción de inocencia se mantiene siempre alrededor de estos, y de todos los demás ciudadanos del presente proceso, conforme lo establecido en la Constitución de la República, los tratados internacionales y las leyes”.