Wilson Camacho pide a juez rechazar incidentes presentados por Jean Alain Rodríguez

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, solicitó al juez este viernes rechazar los incidentes que planteó por varias semanas la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, los cuales calificó de “repeticiones cansonas” y “risibles”.

Al tomar su turno para hacer una réplica muy breve a los argumentos del principal acusado de Operación Medusa, la que dijo no era necesaria, Camacho reiteró al magistrado Amauri Martínez las acusaciones en contra del exfuncionario y pidió que se rechacen los incidentes formulados por este por ser “contrarios a derechos y los mismos encuentran respuestas en el contenido de la acusación o en las propias piezas del proceso”.

Entre las peticiones que hizo Jean Alain Rodríguez durante su defensa que se extendió por varias semanas, están la exclusión de más de 700 pruebas presentadas por la Pepca que, según afirman sus abogados, fueron obtenidas de manera irregular.

También han solicitado declarar nula la acusación, al considerar que no es a la Pepca que le correspondía someterlo a la justicia, sino la Fiscalía del Distrito Nacional.

Camacho sostuvo que no tenía que dar réplicas a las declaraciones de los acusados que han arribado a un acuerdo con el Ministerio Publico, los que, dijo, deben ser validados  por el juez en esta etapa preliminar.

Agregó que tampoco sobre los otros encartados que han hecho una defensa positiva, admitiendo los hechos, y han solicitado ellos mismos apertura a juicio en su contra.  Estos últimos imputados son Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel.

“Por ende su posición va en la misma dirección de las conclusiones del Ministerio Público de que el caso debe ser elevado a juicio (de fondo)”, sostuvo el procurador adjunto.

En las réplicas, los abogados del Estado solicitaron que sean rechazados todas las conclusiones incidentales y al fondo presentadas por los terceros civilmente demandados (las empresas) y que sean acogidas las conclusiones de esa parte que representa al Estado dominicano en los concernientes a su constitución en acción civil.

“Un grupo de empresas que están siendo llamadas como terceros civilmente demandados que se beneficiaron del hecho punible y que por el régimen de consecuencias, por la misma aplicación del artículo 1382 (del Código Civil) están llamadas a responder solidariamente por el daño generado por el hecho punible”, argumentaron los abogados del Estado que procura resarcimiento al Estado.

De las 63 personas físicas y jurídicas acusadas en el expediente por defraudar al Estado con más de 6,000 millones de pesos, 26 han admitido su culpabilidad.