Aplazan por segunda vez audiencia busca anular decreto que prohíbe importar vehículos usados

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó este lunes por segunda vez la audiencia para conocer de la demanda en nulidad incoada por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu), la cual busca la anulación del decreto 420-23, que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los dealers y concesionarios.

El aplazamiento se debió a la no comparecencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en su calidad de interviniente forzoso.

La juez suplente Mery Laine Collado Tactuc, en sustitución del juez Diomede Villalona, presidente del Tribunal Superior Administrativo, dispuso que la nueva audiencia se celebrará el próximo viernes 7 de junio.

En la vista estuvieron presentes la Dirección General de Impuestos Internos, Presidencia de la República, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Guía RD, Acofave. ADemás, el Conep y la AIRD, entidades que fueron convocadas.

El pasado 18 de abril, Asocivu depositó dos acciones judiciales contra el decreto 420-23, por considerarlo contraproducente al desarrollo de la industria en el país. Por esta razón, los miembros de la asociación demandan la suspensión provisional y la nulidad total del decreto.

El origen del conflicto

De acuerdo con el gremio, el conflicto se originó luego de enviaran a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, así como a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) un documento con unas observaciones al decreto para su mejora.

Una comisión de técnicos de la DGII prometió estudiar dicha documentación y convocarle ante de que se publicara el decreto, sin embargo, el mismo se publicó sin hablar con ellos.

A raíz de esta situación, las asociaciones de importadores de vehículos usados sostuvieron múltiples reuniones con el director general de la DGII y todo su equipo, con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y recibidas también en varias ocasiones por el presidente Luis Abinader, quienes en reiteradas ocasiones le prometieron modificar el contenido del decreto que alegan que vulnera los derechos de los importadores de vehículos usados.

Por tal razón, afirmaron que se les agotaron todos los mecanismos de diálogo institucionales a todos los niveles de la jerarquía del Estado durante meses, y esperan que, con estas acciones judiciales, los dealers puedan lograr obtener certidumbre, equidad y justicia para el sector, aclamando ante el Poder Judicial, los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad ante la ley en un Estado social y democrático de derecho como es la República Dominicana.