Ángel Lockward dice que los RD$220 millones que devolvió al Ministerio Público son de sus honorarios

La defensa del abogado Ángel Gilberto Lockward Mella, acusado en el caso Operación Calamar, confirmó que su cliente ha devuelto voluntariamente a la Procuraduría General de la República la suma de 220 millones de pesos, como parte del acuerdo que negoció con el Ministerio Público, con el que colabora.

Nolberto Rondón explicó que los 220 millones de pesos corresponden a los recursos recibidos en honorarios por los procesos que ganó en los tribunales y cuyos clientes fueron pagados por el Estado “porque se ha entendido que dichos pagos están contaminados”.

Rondón dijo que Locward Mella también ha entregado bienes inmuebles, que son “unos cuatro solares”.

Sostuvo que hicieron su escrito de defensa a la acusación que sometió el pasado mes de abril el Ministerio Público ante la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

“En el escrito de defensa, negocia un acuerdo con el Ministerio Publico, sobre la base de que, según ha establecido la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa) tuvo conocimiento del pago que hicieron clientes suyos de comisiones a sociedades de Fernando Crisóstomo y eso contamina sus ingresos de esas fuentes que cubre con entregas en dinero y en bienes”, aseguró el abogado que representa a Lockward Mella en los tribunales por la acusación penal.

Fernando Crisóstomo que cita Rondón es un contratista del Estado que la Pepca también señala en la supuesta red que desfalcó al erario con más de 40 mil millones de pesos, pero que no fue acusado porque es uno de los testigos que presentará el órgano acusador.

Rondón afirmó: “Las únicas cesiones de crédito realizadas en sus oficinas (la de Ángel Lockward) fueron las que correspondían a sus honorarios, todas las de sociedades comerciales o empleados de Fernando Crisóstomo, fueron notariadas por el Abogado Notario Público Rudy Nelson Frías, quien trabajaba para él y por los alguaciles que acostumbraba utilizar”.

De qué acusan a Ángel Lockward en el caso Calamar

El Ministerio Público acusa a Lockward Mella de incrementar su patrimonio “de manera exorbitante” y que “para intentar ocultar este crecimiento económico recurrió a actividades propias del lavado de activos, tales como el traspaso de la propiedad de dos inmuebles ubicados en Villa Hermosa, La Romana, República Dominicana, simulando operaciones de compraventa de inmueble realizadas con el acusado Agustín Mejía Ávila,  asalariado de la empresa Ángel Lockward & Asociados, S.R.L…”

Al respecto, Rondón argumenta que con el manejo de dinero a través del sistema bancario que menciona la acusación, recordó que su cliente, solo en la amnistía fiscal conforme la Ley 46-20 pagó al Estado RD$ 12  millones, de manera que es normal que manejara a través del sistema bancario sus fondos.

Añadió que los bienes inmuebles que figuran en la acusación como comprados recientemente, “se debe a un error”, porque fueron adquiridos en los años 2005, 2008 y 2015 y que si se aprecia la fecha de compra, estos han sido entregados para completar los acuerdos porque es la única forma en el sistema de justicia actual en que puede descongelar sus activos, que datan de más de 20 años y sobre los cuales ha pagado todos sus impuestos.

Lockward Mella ha sido funcionario en los gobiernos de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD), por cuyas gestiones ha sido también sometido a la justicia por supuestas irregulares, aunque nunca ha sido condenado.

Una de esas imputaciones se produjo cuando fue ministro de Industria y Comercio, durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), cargo en el que solo duró dos años. Se le acusó de un presunto fraude de 200 millones de pesos en la administración del subsidio al Programa del Gas Licuado de Petróleo, por cuyo caso el Ministerio Público se querelló contra él y otras 37 personas por el fraude ante el entonces Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco).

No obstante, el exprocurador general de la República Radhamés Jiménez ordenó el retiro de la querella, pese a que su predecesor, Víctor Céspedes, había dicho que el expediente tenía irregularidades.