Abogados de imputados en caso Medusa enfrentan a fiscal por no tener carnet de abogado

El abogado de la barra de defensa de Jean Alain Rodríguez, Carlos Balcácer, interpuso una objeción al Ministerio Público para que retire del estrado a un fiscal que está ejerciendo sus funciones sin tener el carnet que lo acredite como abogado.

Los demás abogados del caso Medusa apoyaron a Balcácer en su petitorio durante un receso de la audiencia: “Estamos conteste con las declaraciones del colega Balcácer”.

“Este joven está ejerciendo ilegalmente la carrera de abogado... Él dice que está autorizado por el Consejo Superior del Ministerio Público, pero ese consejo se creó en el 2011 y la ley que crea el Colegio de Abogado es del 2019, que establece que todos los abogados deben estar matriculados, incluso los que ejercen una función pública”, argumentó Balcácer.

Balcácer citó que hasta la procuradora Miriam Germán Brito, quien se graduó en 1972, tiene su carnet del CARD, así como los demás fiscales y jueces.

Sin embargo, el fiscal Emmanuel Ramírez y sus colegas del Ministerio Público dijeron en su defensa que la Ley Orgánica del Ministerio Público no exige que sus fiscales formen parte del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), y que Balcácer hace una interpretación incorrecta de la ley que crea el CARD, puesto que esta, “supuestamente, solo pide este requisito a los licenciados en Derecho que deseen ejercer la abogacía parar asumir la defensa de terceros”.

Ramírez retó al abogado a presentarle una resolución que textualmente diga que está impedido de ejercer funciones como fiscal y dijo, con euforia, que estaría dispuesto a renunciar.

¿Cómo descubrieron que el fiscal no tenía carnet?

Balcácer dijo que el fiscal Ramírez está trabajando con el caso Medusa desde el proceso de investigación y que pese a tener sospechas sobre sus calidades, no fue sino hasta ahora que recibieron las “pruebas” para solicitar su retiro del estrado.

Indicó que ejercer las funciones de fiscal o abogado sin estar colegiado supone una sanción de seis meses a dos años fuera del estrado.

El juez de instrucción, Amauri Martínez, ordenó un breve receso para deliberar sobre la objeción.