Corte ratifica condena contra dos de los agresores de Defensor del Pueblo

La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena de un año de prisión a los responsables de agredir al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y miembros de la prensa, durante un incidente registrado en el Centro de Retención Vehicular, conocido como “Canódromo El Coco”, en el 2022.

La sentencia número 501-2024-SSEN-00059, emitida por el tribunal el 18 de abril del presente año, confirmó la pena contra Nathanael Javier Javier y Starling Antonio Ramírez, hallados culpables de maltratar físicamente al titular del órgano constitucional, al secretario general, Harol Modesto, así como a varios trabajadores de medios de comunicación.

La sentencia ordenó que los imputados cumplan la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal, y, además, deberán pagar una multa de 5 mil pesos en beneficio del Estado dominicano.

Juicio de fondo a “coronela”, para el 6 de mayo

El juicio de fondo que la Sala de la Cámara de Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó que se lleve a cabo contra  Ysabelita de los Santos, la “coronela” del Canódromo El Coco, está pautado para iniciar el 6 de mayo luego de varias audiencias fallidas en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, informó el segundo suplente del Defensor del Pueblo, Roberto Quiroz.

El proceso también es contra  Marisol Vargas, Rony Recio Rosario, Carlos Oliver Borque Paulino y Geraldina de los Santos Peña, quienes fueron en un principio beneficiados con un no ha lugar emitido el 19 de enero de 2023 por el magistrado Raymundo Mejía, juez del primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, sentencia que fue revocada.

La “coronela” encabeza la acusación sobre la agresión al Defensor del Pueblo.

La agresión se registró el 11 de abril de 2022 cuando Ulloa, Modesto y varios colaboradores del órgano extrapoder acompañados de representantes de medios de comunicación, se disponían a realizar una inspección en el Canódromo que controla la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), luego de diversas denuncias de irregularidades en torno a la incautación de vehículos.

La acusación presentada por el Ministerio Público sostuvo que las víctimas fueron agredidas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo acudió al lugar y se dirigía al despacho de la coronela Isabelita de los Santos, quien fungía como la encargada del Canódromo.